La Cámara de Diputados exhortó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a que auditen los recursos entregados y ejercidos del Fideicomiso Río Sonora, y si existiesen irregularidades finquen responsabilidades a los funcionarios.
En Punto de Acuerdo avalado en votación económica, pidió a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a que realice un estudio de la calidad del agua del Río Sonora.
Asimismo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realice nuevos estudios que descarten riesgos a la población humana, animal y vegetal, en la región del Río Sonora.
Al fundamentar el acuerdo, el legislador Heriberto Marcelo Aguilar, de Morena, destacó que “este año se cumplen cinco años del peor desastre ecológico de la historia de la minería en México: el derrame de metales pesados en los Ríos Sonora y Bacanuchi por parte de la empresa Buenavista del Cobre, filial de Grupo México”.
“Este hecho acabó con la columna vertebral de la vida económica y social de más de 25 mil habitantes de la región, pues no sólo provocó trastornos económicos sino que obligó al cierre de escuelas y pozos, además afectó la salud de cientos de personas”, destacó.
Recordó que el 15 de septiembre de 2014 se creó el Fideicomiso número 80724 denominado “Río Sonora” y se firmó con Grupo México contrato privado de dos mil millones de pesos, incluida una aportación inicial de 500 millones, “como fuente y medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños ambientales y a la salud causados por el derrame”.
A pesar de eso, abundó, “según las y los habitantes consultados, la distribución de los apoyos fue irregular y poco equitativa, pues no se realizaron estudios socioeconómicos para determinar cuánto debía recibir cada uno”.
“Los testimonios coinciden en que todos los hogares recibieron sólo un primer apoyo consistente en un tinaco con el logotipo del Fideicomiso Río Sonora y un promedio de 15 mil pesos en efectivo para garrafones de agua”, pero nunca se atendió la urgente demanda de instalar plantas potabilizadoras en cada población afectada, puntualizó.
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