Al menos cinco servidores públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), relacionados con el caso Iguala, debieron ser removidos de su cargo por presuntas conductas irregulares; sin embargo, quedaron exentos de la separación laboral por motivos que aún se desconocen.
Así lo revela el informe “Proyecto de Evaluación Técnico-Jurídica” que la PGR no hizo público, elaborado por la Visitaduría General de esa dependencia, que entonces dirigía César Alejandro Chávez, propuesto para Fiscal de Ayotzinapa por el abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, en Iguala.
En el documento (realizado a petición de la PGR, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) advirtiera presuntas irregularidades de servidores públicos en las diligencias del caso Iguala), Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue señalado de incurrir en supuestas “graves irregularidades”, de un total de siete exservidores públicos señalados.
Éstos, según el proyecto al que La Razón tuvo acceso, estuvieron presuntamente involucrados en la “sustracción ilegal, así como vulneración de su derecho a la defensa” del detenido Agustín García Reyes, El Chereje, quien fue trasladado al Río San Juan, en Cocula, el 28 de octubre de 2014, sin la presencia de su abogado, para ubicar a dónde habían sido supuestamente tirados los restos de los normalistas.
Después del análisis de más de 200 tomos de la investigación del caso Ayotzinapa, la oficina de Chávez Flores detectó las siguientes anomalías:
Que un agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la PGR, fue supuestamente omiso cuando El Chereje, refirió violaciones a sus derechos humanos cuando fue trasladado al Río San Juan, motivo por el que pidió el inicio de una investigación de carácter penal.
El Dato: Un video difundido en 2016 muestra a Zerón en el río San Juan, donde se halló una bolsa de plástico con restos óseos calcinados. En éste se reportaron irregularidades.
Asimismo, que otros dos agentes del MPF, adscritos a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO, avalaron indebidamente actuaciones ministeriales, por lo que ordenó procesos de remoción.
También solicitó un procedimiento administrativo contra Zerón de Lucio “por haber realizado actos de investigación sin haberse encontrado bajo la conducción del Ministerio Público”.
Pidió también procedimientos de remoción contra dos peritos en criminalística “por perturbar ilícitamente los indicios”; y un procedimiento administrativo de responsabilidad contra una perita.
El informe se redactó del 20 de mayo al 2 de septiembre de 2016, sin embargo, el proyecto no fue formalmente concluido, pues dos semanas después, el 18 de septiembre de 2016, antes de hacerse público, Chávez Flores dejó de ocupar el cargo. La existencia del documento quedó registrada en el acta de entrega-recepción.
El 8 diciembre 2016 fue publicado otro dictamen de conclusión con modificaciones al trabajo iniciado por el visitador Chávez Flores, en el cual las observaciones a los siete funcionarios fueron reducidas a faltas leves.
Se respeta opinión de familiares: AMLO
El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respetará la decisión de los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, en torno a la elección del próximo fiscal del caso.
“Respetamos y tenemos el compromiso de esclarecer lo sucedido con los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”, dijo durante la conferencia matutina de ayer.
El martes pasado, La Razón expuso la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 28 de noviembre de 2018, en la que pidió se investigue a César Alejandro Chávez Flores, exvisitador de la PGR a cargo de revisar la pesquisa del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, por sugerir una sanción administrativa y no penal contra dicho exservidor público.
El representante de los familiares de los normalistas de Iguala, Guerrero, Vidulfo Rosales, ha señalado que para ellos “sería una muy buena propuesta” César Chávez, a quien impulsan para ocupar el cargo de fiscal del caso Iguala.
