Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación refrendaron que México actúa de forma soberana al implementar su nueva política migratoria, que pone al centro la protección de los derechos humanos y la expansión de un desarrollo económico igualitario en la región.
El Gobierno de México reafirmó que no existe un acuerdo vinculante con el gobierno de Estados Unidos para responder al aumento del flujo de personas, principalmente familias procedentes de Centroamérica.
México ha otorgado un estatus legal a más de trece mil personas extranjeras que ingresaron por la frontera sur para documentar su ingreso y facilitar que algunos se inserten en el mercado laboral.
En un comunicado conjunto, ambas secretarías señalaron que bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, México ha sido el primer país en adoptar el Pacto Mundial para la Migración, promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para garantizar un flujo migratorio seguro, ordenado y regular.
Conforme a los principios del pacto global, México ha dejado de deportar a miles de migrantes centroamericanos, en contraste con el paradigma migratorio de administraciones pasadas.
El Gobierno de México ha desplegado una nueva política migratoria basada en dos pilares fundamentales: la defensa de los derechos de los migrantes, y la promoción del desarrollo económico desde una visión humanitaria, para atender las causas estructurales de la migración.
Gracias a esta nueva política se ha subsanado el error fundamental previo que, desde la ilegalidad, condenaba a los migrantes a la marginalización y la precariedad.
De forma similar, el Gobierno de México impulsa el Plan Integral de Desarrollo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la iniciativa contempla distintos proyectos para impulsar el progreso económico de Guatemala, Honduras y El Salvador y, para atenuar las causas estructurales que detonan los flujos migratorios.
Frente a la decisión unilateral del Gobierno de Estados Unidos de implementar el Artículo 235 (b)(2)(c) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad, México ha optado por apoyar a los migrantes.
Por razones humanitarias, y de manera temporal, el Gobierno de México ha autorizado el ingreso de algunos solicitantes de asilo desde Estados Unidos, en tanto se efectúa su audiencia con las autoridades correspondientes.
La alternativa de la deportación de nuestro país implicaría negar el derecho de asilo que el Gobierno de México suscribe y protege.
En consecuencia, las autoridades migratorias de México mantienen una fluida comunicación con sus contrapartes estadunidenses a fin de garantizar que el tránsito de personas por la frontera común se realice de manera segura y ordenada.
Asimismo, el Gobierno de México ha fijado criterios específicos para el retorno de ciertas personas que ingresaron a Estados Unidos para solicitar asilo, como no admitir menores no acompañados en nuestro territorio, ni permitir la separación de familias.
Relaciones Exteriores y Gobernación señalaron que México respeta el derecho soberano de Estados Unidos para ejecutar sus proyectos migratorios, pero actúa y actuará de forma independiente al fijar su propia política de migración.
Con información de Notimex
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