En el último año, los homicidios registraron un repunte superior al 400 por ciento en algunos municipios colindantes con Villagrán, Guanajuato, zona donde se asentó José Antonio Yépez El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, la demarcación que tuvo el crecimiento más dramático fue Cortázar, que pasó de 15 casos en 2017, a 88 con los que cerró el año pasado, lo que representa un incremento de 486 por ciento.
Le sigue Irapuato, con un alza de 434 por ciento, al pasar de 70 muertes violentas en 2017 a un total de 374 con las que cerró en diciembre de 2018.
Ambos municipios tienen alcaldes emanados del PAN; en Cortázar gobierna Enrique Corona, y en Irapuato, Ricardo Ortiz.
En Salamanca, a cargo de la morenista Beatriz Hernández, y que tiene frontera con Villagrán, ese delito aumentó 243 por ciento. Hace dos años se denunciaron 82 crímenes y en 2018 cerró con 282.
En incidencia le sigue Villagrán, gobernado por Juan Lara, del Partido Nueva Alianza y donde se ubica la comunidad de Santa Rosa de Lima; ahí los asesinatos repuntaron 212 por ciento; de 8 que hubo en 2017, pasó a 25 el año pasado.
Celaya, en tanto, tuvo un pico de 106 por ciento, al pasar de 91 casos a 188 en el periodo de referencia. Ahí, gobierna la panista Elvira Paniagua.
En tanto, en el municipio de Juventino Rosas prácticamente se mantiene la incidencia. De 23 casos ocurridos en 2017, bajó a 22 crímenes el año pasado en esa demarcación que encabeza Serafín Prieto, del PRD.
El dato: El fin de semana fuerzas federales sobrevolaron el municipio de Cortázar y catearon una residencia en Celaya, donde hallaron explosivos y sobres con dinero
Desde el pasado 4 de marzo la Marina y fuerzas federales están desplegadas en Villagrán para tratar de capturar a El Marro, y el fin de semana los operativos se extendieron a otros municipios, como Cortázar y Celaya.
Samuel González, ex asesor interregional de Drogas y Delito, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indicó en entrevista con La Razón que parte de la función de un cártel es ampliar los niveles de violencia en los municipios cercanos a la zona roja donde se asientan, en este caso el territorio de Villagrán.
“Los delincuentes no van a ocasionar tantas muertes en donde están establecidos, sino en sus alrededores; tienen a la gente comprada, les brindan seguridad, pero eso desemboca en que vayan a las regiones cercanas a secuestrar, a matar y a querer seguir ganando territorio; eso lo advertimos hace más de seis años, pero no nos hicieron caso, ahora ésas son las consecuencias”, dijo.
FALLA EL FISCAL. La Fiscalía de Guanajuato, a cargo de Carlos Zamarripa, quien lleva más de 10 años como procurador, se enredó en trámites jurídicos con la Fiscalía General de la República y por ello la operadora financiera de El Marro, Angélica, y el policía que les daba pitazos, Javier, quedaron en libertad 72 horas después de haber sido arrestados.
La autoridad estatal puso a ambos sujetos a disposición imputándoles portación de arma de fuego, por lo que pudieron conseguir su libertad al no ser delito que amerita prisión preventiva oficiosa.
Luego, argumentó que había acordado con la SEIDO que ellos girarían una orden de aprehensión por delincuencia organizada, lo cual no sucedió.
Ayer, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal informó que Javier fue dado de baja por sus probables nexos con el cártel.
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