Las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales ya cuentan con un borrador de proyecto de decreto sobre las nuevas reformas en materia educativa, en el cual se confirma, como adelantó La Razón, que será un organismo público descentralizado, no sectorizado, el que remplazará al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, el cual será coordinado por un organismo público, descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; personalidad jurídica y patrimonio propio.
Dicho ente contará con una Junta Directiva responsable de la conducción de los trabajos que realice; un Consejo Técnico de Educación para asesorar al primero, y un Consejo Ciudadano honorífico. Los primeros dos organismos rectores contarán con un total de 12 integrantes: cinco conformarán la Junta Directiva y siete más, el Consejo Técnico. Todos deberán ser nombrados por el Senado de la República, con el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes.
El Sistema Nacional prevé “evaluaciones diagnósticas” y lineamientos sobre el desarrollo del magisterio y el desarrollo escolar.
En el documento se incluyó un candado con el fin de que todos los integrantes de la Junta y el Consejo no hayan sido líderes políticos ni aspirantes a cargos de elección popular tres años antes a la designación. Asimismo, podrán ser removidos “por causa grave”.
“Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación deberán ser especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa; además, acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia, no haber sido dirigente de algún partido político o candidato a ocupar un cargo de elección popular en los tres años anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que establezca la ley”, se establece en el texto.
Los cinco integrantes de la primera Junta Directiva serán designados en un plazo máximo de 45 días por el Senado y sus períodos serán escalonados: dos nombramientos, por cinco años; dos más, por seis y uno, por siete.
Respecto al Consejo Técnico de Educación, éstos serán nombrados en un plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto. Tres designaciones serán por tres años; otras tres, por cuatro y uno, por cinco años.
“En su composición (de este grupo) se procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género)”, añade.
Para elegir a los miembros de ambos grupos, el Senado lanzará una convocatoria pública para que integrantes de instituciones educativas, organismos y la sociedad civil presenten propuestas. Cabe destacar que el presidente de la Junta también presidirá el Consejo.
En el borrador también se propone abrogar la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), derogar las leyes secundarias y dejar sin efectos reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias al decreto.
Pese a ello, el artículo noveno prevé que “los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta el instituto (…) formarán parte del organismo (público descentralizado antes referido).
También se considera la abrogación de la reforma educativa promovida por el expresidente Enrique Peña Nieto; la Ley General del Servicio Profesional Docente (donde se contenía la llamada evaluación punitiva a los académicos) y suspende cualquier evaluación mientras el Congreso no expida la ley en materia del Servicio de Carrera de los maestros.
Asimismo, añade que “se respetarán los derechos adquiridos de las y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación”.
Será el organismo a cargo del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación el que realice “evaluaciones diagnósticas”, indicadores de resultados y emita lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio.
En el borrador no se retomó la autonomía a las universidades que “por error” se eliminó en la iniciativa que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados.
Claves
La Reforma Educativa pretende mejorar el modelo formativo.
Un año tendrán los Congresos locales para armonizar sus leyes
Cinco acciones y conocimientos clave fomentará la nueva norma: la cultura de la paz, la honestidad, el civismo y las lenguas extranjeras e indígenas
Este mes se espera discutir y en su caso aprobar el dictamen.
“Nueva evaluación puede ser viable”
Legisladores y académicos advirtieron que el nuevo sistema de evaluación propuesto en la nueva Reforma Educativa, puede ser una opción viable si existe voluntad para atender el principal problema que tiene México, que incluye sacar a grupos ajenos a la educación.
El diputado morenista Agustín García afirmó que la sustitución del INEE por un órgano público descentralizado es una opción positiva para el sector educativo porque le permitirá mayor margen de maniobra.
Por su parte, la diputada perredista Abril Alcalá señaló: “El huachicoleo educativo daña sensiblemente al país y combatirlo sería una medida fundamental”.
Afirmó que los grupos ajenos a la verdadera educación, no tienen cabida en esa actividad, que debe ser considerada prioritaria.
José Luis Rojas, catedrático de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, consideró que la nueva forma de hacer reformas debe atender cuanto antes una perspectiva integral en donde los estudiantes sean el eje, los profesores la punta de lanza, el sindicato magisterial un instrumento, pero no un elemento que impida el avance del país.
