La integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado, Xóchitl Gálvez, advirtió que de las 64 lenguas indígenas existentes en el país 31 están en riesgo de desaparecer, y las causas van desde el difícil, y veces imposible, acceso a las comunidades por falta de caminos, hasta la falta de integración de planes de estudios incluyentes y mentores capacitados.
Gálvez Ruiz urgió a fortalecer las políticas públicas que atienden a las diversas etnias del país, pues de 2018 a la fecha se ha registrado una sensible reducción del presupuesto destinado al rescate de las lenguas originales, que a la fecha asciende a sólo 66 millones de pesos.
En reunión de trabajo con integrantes de la comisión que preside la senadora Leonor Noyola Cervantes, y diversos funcionarios federales del ramo, dijo que si bien se han creado instancias de apoyo para el desarrollo de nuestras etnias, como la nueva Ley Nacional de Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, los recursos no fluyen como es deseado.
Tan es así que el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, urgió a la necesaria coordinación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo para dar celeridad a las demandas de poco más de 16 millones de mexicanos, que hasta ahora sólo han sido considerados en el discurso y no en los hechos.
Ante los legisladores, el funcionario federal explicó, que se trabaja en cuatro líneas de acción, incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo dado a conocer recientemente por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y se centran en dotación de infraestructura, educación, fomento a la producción y un amplio programa de respeto a los derechos indígenas.
Regino Montes explicó que el programa más importante se desarrolló en Oaxaca, donde se ubican 560 municipios, de los cuales 200 son indígenas, con un alto nivel de marginación. Se han construido 50 caminos de acceso a diversas cabeceras que concentran el mayor número de habitantes.
El titular del INPI enfatizó que se debe trabajar más para que la población indígena sea sujeta de derecho público, en el reconocimiento de su patrimonio cultural y la propiedad intelectual. Debemos –dijo—reconocerlos en la Constitución, más allá del discurso oficial.
En su oportunidad, el director del Instituto de Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino, se pronunció por dejar atrás políticas segregacionistas, y se manifestó por la necesidad de difundir, divulgar y expandir la riqueza de las lenguas originales. Reconoció, sin embargo, que no hay dinero ni infraestructura.
La subsecretaria de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública, Rosalinda Morales Garza, se pronunció por la gestión de más y mejores capacidades educativas para las comunidades indígenas.
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