La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, acudió a los juzgados federales del Estado de México para presentar, con representantes de estancias infantiles, un amparo colectivo para que el Poder Judicial proteja a los miles de infantes que están siendo afectados en el Estado de México.
“Desde el Estado de México hago un llamado al Gobierno federal para que pare con esta guerra contra las mujeres, ya que parecería que está institucionalizando una violencia contra las mexicanas", expresó.
“Es inaceptable esta serie de decisiones en contra de este grupo de la población, ya que además de tener que cubrir hasta triples jornadas, ahora tenemos que luchar contra las decisiones de este gobierno”, precisó López Rabadán.
Las estancias infantiles que este viernes se ampararon se ubican en 10 municipios del Estado de México: Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Tecámac, La Paz, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Chicoloapan, Texcoco, Chiconcuac y Tlalmanalco.
La legisladora señaló que ante este acto inconstitucional del Gobierno federal, que atenta contra el derecho de las niñas y los niños de ser bien cuidados, se generó un trabajo colectivo de mamás, maestras y abogadas que presentaron 128 amparos a efecto de que se dé solución a esta decisión y que en Toluca se entregaron simultáneamente 83 amparos más.
Abundó que las abogadas que están apoyando a las encargadas de las estancias infantiles trabajan pro bono, es decir no cobrar un sueldo, su único interés es que se haga justicia en este país y que no se permita que el presidente López Obrador destruya las estancias infantiles.
La legisladora acusó que las reglas de operación publicadas a finales de febrero por la Secretaría de Bienestar están dejando en desamparo a miles de niñas, niños, madres y padres trabajadores al no ser precisas.
Como integrante del Frente por la Niñez, dijo que sólo los municipios de Temoaya y San Felipe del Progreso serán beneficiados por el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.
“Este nuevo programa y sus reglas de operación no cumplen con el principio de progresividad, son un retroceso para los derechos humanos de los menores y de las madres trabajadoras”, acotó.
Precisó que “el recurso que se entregará a las madres, padres o tutores, no garantiza que se destine a que los infantes cuenten con cuidados adecuados y protección, ya que pueden surgir otras necesidades en el hogar”.
López Rabadán puntualizó que estos amparos se suman a los cuatro mil que se han interpuesto en todo el país, y que se tiene la confianza de que el Poder Judicial conceda la suspensión provisional y definitiva para los efectos de que cese de inmediato la conducta lesiva.
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