El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas con las que se autoriza a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicar el listado de las personas físicas y morales que hayan cometido actos ilícitos en materia de combustible.
El dictamen de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, avalado por unanimidad con 450 votos, pretende evitar que concesionarios y distribuidores de combustibles que hayan comercializado hidrocarburos robados puedan solicitar nuevos permisos durante un periodo de entre tres meses y 15 años.
Asimismo, para obligar a los titulares de permisos de distribución y transporte de combustibles a incorporar un sistema de geoposicionamiento en todos los vehículos utilizados para el desarrollo de sus actividades.
El documento reforma el Artículo 21 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, y adiciona los preceptos 9 Bis, 22 Ter y 22 Quáter a esa misma legislación.
El nuevo Artículo 22 Ter establece, entre otras acciones, que la CRE deberá publicar en su página de internet el listado de las personas físicas y morales cuyo permiso o procedimiento iniciado para obtenerlo se hubiera suspendido definitivamente con motivo de la sentencia ejecutoria de un juez.
El Artículo 22 Quáter señala que, como medida de prevención, los titulares de permisos de distribución y transporte de hidrocarburos deben implementar un sistema de geoposicionamiento en los vehículos que utilicen para sus actividades.
Al fundamentar el dictamen, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), María del Pilar Ortega Martínez, puntualizó que, de acuerdo con estimaciones de Pemex, durante los últimos 10 años el robo de combustibles creció en 868 por ciento.
Indicó que hace 10 años se detectaba una toma clandestina diaria, y actualmente se detectan 20. "Entre 2013 y 2017 se detectaron 28 mil 76 tomas clandestinas en todo el país, en contraste con las encontradas en 2018, que ascendían a 12 mil 581 tomas clandestinas”.
Advirtió que solo las tomas irregulares encontradas en 2018 representan poco más de 40 por ciento de las reportadas en cuatro años.
En tanto, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, saludó la decisión del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de hacer un firme combate al robo de hidrocarburos.
Sin embargo, deseó que tuviera un mejor equipo de trabajo para lograr que los objetivos que le ha plantado al país se cumplan, toda vez que en la estrategia implementada por el Gobierno de la República los resultados no son positivos y los costos económicos y sociales son altos.
Dijo que el desabasto que se sufrió en varias entidades del país tuvo un costo de casi 40 mil millones de pesos, y afectó a productores, comerciantes, transportistas y al turismo, entre otras actividades económicas del país.
Además, la compra en Estados Unidos de los autotanques, por adjudicación directa, que ascendió a 92 millones de dólares, es un presupuesto equivalente al destinado anualmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Advirtió que, según Presidencia de la República, solamente 280 de las más de 600 pipas se encuentran en México, de las cuales, de acuerdo con datos oficiales, 80 están circulando, porque 220 están en revisión.
De acuerdo con el legislador priista, cuando se fortaleció la estrategia contra el robo de combustibles se identificaron mil 565 tomas clandestinas, 49 por ciento más que las que se reportaron en enero de 2018, un año antes.
Sin embargo, aseguró que al cierre del primer bimestre de este año, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró dos mil 907 tomas clandestinas, cifra que representa un aumento de 28 por ciento con respecto al mismo bimestre del año anterior.
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