Con 70 votos a favor y 50 en contra, el pleno del Senado de la República aprobó en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Así como, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, democracia y libertad sindical y negociación colectiva.
Horas antes, con 120 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, se avaló en lo general la legislación secundaria de la Reforma Laboral.
Dicha Reforma busca fijar reglas claras, disminuir juicios individuales de conciliación y garantizar representatividad óptima en negociaciones colectivas.
La aprobación contempla la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la cual será la encargada de dar solución a las polémicas que puedan suscitarse patrones y trabajadores; sindicatos y empleados o entre sindicatos, además de fungir como el órgano nacional que regule reglamentos internos de trabajo, contratos colectivos, contratos-ley y organizaciones sindicales.
En este sentido, las Juntas de Conciliación y Arbitraje ceden sus facultades al Poder Judicial. A partir de la reforma a la Ley Organica del Poder Judicial, los Tribunales Colegiados de Circuito podrán atender controversias en materia laboral.
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En los artículos transitorios, se establece un plazo de 180 días para expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, después que entren en vigor los cambios realizados.
También, un periodo no mayor a dos años para que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inicie sus funciones en materia de registro de asociaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo.
Un tercer plazo, máximo de tres años, para que los Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial de las Entidades Federativas inicien operaciones.
También se establece que en máximo cuatro años, a partir de la entrada en vigor de las reformas, cada delegación u oficina regional del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará la tramitación de solicitudes de conciliación que sean de su competencia, al mismo tiempo que los Tribunales del Poder Judicial de la Federación inicien su operación en el circuito judicial al que correspondan.
Previo a la discusión de las reservas, Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta, explicó que el dictamen se sustenta en los parámetros de regularidad constitucional, en los principios y derechos laborales consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano.
Con ello se ponen, indicó, las bases sólidas para una transformación y democratización del régimen sindical y de la negociación colectiva, toda vez que se incorporan los principios de representatividad, transparencia y democracia en la vida de las organizaciones gremiales.
Agregó que el dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Segunda, tiene como finalidad garantizar la libertad sindical, fortalecer la justicia laboral y proteger la libertad de negociación colectiva.
Miguel Ángel Mancera, senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que la mayor parte de esa reforma tiene la intención de modernizar y adecuar la relación obrero-patronal.
Sin embargo, dijo que se tienen que encontrar equilibrios entre productividad y buenas condiciones laborales, y confió en que más adelante haya una discusión detallada y profunda en temas que quedaron pendientes.
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