En México existen 3.2 millones de niños de cinco a 17 años que trabajan, es decir, 11 por ciento de los 29 millones de menores que se tienen contabilizados, según cifras de 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Esa cifra se incrementó de manera considerable con respecto a 2015, cuando había casi 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes que realizaban alguna actividad económica.
En las labores agrícolas, ganaderas, forestales, de caza y pesca se concentra más el trabajo infantil en México, con 30 por ciento del total, según las mediciones del organismo.
“Es una cuestión paradójica, sobre todo en un país como México, donde el trabajo infantil está formalmente prohibido”, comentó el dirigente de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, Luis Gómez Garay.
Pero ese mandato hoy ha quedado en “letra muerta”, porque la crisis económica, la exclusión social y la creciente población han obligado a familias completas a trabajar para “poder sobrevivir”, enfatizó el líder en entrevista.
Sostuvo que el trabajo infantil está presente en casi todo el territorio mexicano, pero es más visible en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero por el elevado rezago social y económico en que viven.
Aseguró que es en las actividades agrícolas donde menos se respetan las regulaciones y los infantes acceden con mucha facilidad a estos puestos de trabajo, pues en algunos casos la mano infantil suele ser muy preciada.
“Sus manos son apreciadas para la pizca de tomate o la recolección de algodón, pero en el corte de caña son expuestos a accidentes porque sólo les dan un machete para hacerlo”, manifestó.
Los datos del INEGI muestran que la tasa de trabajo infantil fue más alta en las áreas menos urbanizadas, con 13.6 por ciento, a diferencia de aquellas más urbanizadas, con 7.6 por ciento de los menores de 17 años de edad.
Gómez Garay señaló que las malas condiciones ponen en una situación de alta vulnerabilidad a los pequeños, porque hacen largas jornadas laborales y muchos reciben sólo una “paga simbólica” por las actividades que desempeñan, que incluso proviene de los propios familiares que buscan mayores ingresos.
Explicó que lo anterior se da debido a que a los adultos les pagan por destajo y ganan menos de dos salarios mínimos, lo que los obliga a trabajar gran parte del día y pagar a los niños con parte del dinero que reciben.
Ante tal situación, consideró que se debe tener una legislación laboral más estrictica para frenar el trabajo infantil y exigir a los patrones dar un salario digno a los trabajadores del campo agrícola.
Sin embargo lamentó que la nueva Reforma Laboral haya ignorado a los jornaleros agrícolas. “No hay ningún tipo de cambio y me parece que es una verdadera ignorancia de los señores legisladores el no haber abordado este tipo de cuestiones”, dijo.
A este respecto, Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), indicó que la legislación dejó marginados a más de cinco millones de trabajadores agrícolas que viven en “campos de concentración” en el noroeste del país y Baja California.
"Ellos son regulados por sindicatos 'fantasma' y contratos de protección 'regenteados' por la CNC, CTM, CROC y CROM, y constituyen el segmento mayor de trabajadores mexicanos, pero también el más excluido de los derechos constitucionales y laborales”, como un salario digno, seguridad social y acceso a vivienda de interés social, apuntó.
“Para los legisladores, tal parece que no existe el trabajador temporal agrícola”, reiteró Gómez Garay, tras asegurar que debe erradicarse el trabajo infantil para que México cumpla con los compromisos adquiridos al respecto.
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