La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados desechó con siete votos a favor y cuatro en contra la demanda de juicio político contra el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, quien fue acusado de irregularidades y omisiones en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los legisladores explicaron que, tras instalar la subcomisión el 30 de abril y estudiar la solicitud presentada por Omar Ortega a nombre del PRD, se determinó que del expediente de denuncia no se desprende de cuál es o cuáles son los actos u omisiones atribuidos al exfuncionario.
Ante ello, la coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez Piña, pidió a los diputados no desestimar la solicitud y aseguró que existían las pruebas necesarias para no desechar el dictamen.
"Sostenemos que el GEI en su investigación comentan que hay pruebas suficientes en el sentido de la responsabilidad que ha tenido el señor Murillo Karam y nos parece en ese sentido que no deberíamos desecharlo”, dijo.
El documento avalado por la Subcomisión señala que es receptiva al dolor social, sin embargo, no podía apartarse del derecho y que, de iniciarse el proceso de juicio político, se dejaría a Murillo Karam en indefensión al no poder asumir una actitud procesal correspondiente.
Ante las expresiones contra los legisladores que votaron por desechar el dictamen, el grupo parlamentario de Morena sostuvo en un comunicado que no avalar el juicio político no quiere decir que Murillo Karam quede exonerado, sino que deberá ser investigado por la autoridad judicial.
Además, abundó que el órgano legislativo no tiene facultades para ejercer acción penal y solo podía inhabilitarlo para que ocupara un cargo, lo cual, señalaron, será imposible que suceda.
"Esta decisión mantiene la posibilidad de que Jesús Murillo Karam no podrá escudarse en el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, de ahí que se pretende llegar al fondo del asunto y no dar carpetazo, como pudo haber sucedido si con este dictamen se decidiera inhabilitarlo", detallaron.
Finalmente, señalaron que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los jueces, determinar la responsabilidad real y tangible del exfuncionario y hacer justicia.
Con información de Quadratín
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