El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, presentó en noviembre pasado la estrategia de seguridad con 10 objetivos prioritarios, pero a la fecha no hay resultados en la mayoría de ellos, con iniciativas congeladas en el Congreso y proyectos inconclusos.
El 20 de noviembre lanzó el Decálogo de Acciones con las cuales buscaría pacificar la entidad, como reformar diversas leyes para hacerle frente a la delincuencia organizada y modificar y agilizar el sistema de justicia estatal; a cinco meses y medio de distancia, no hay cambios jurídicos en ninguna.
Además, prometió que duplicaría el número de cámaras conectadas al Centro de Mando C5i. No obstante, no hay anuncio oficial sobre inversión, adquisición o instalación.
Al momento cuenta con 2 mil 700 cámaras y la única información relacionada fue la donación de 40 que harían empresarios, según constató La Razón en seguimiento de registros periodísticos.
Incluso, el estado cuenta con una deuda por 4 millones de pesos en este tema, luego de que fallaron 74 cámaras en León, que deberán ser reparadas.
Entre los puntos que siguen pendientes están agilizar la solución de conflictos vecinales por medio de nuevos juzgados cívicos y centros de atención a víctimas, del cual no se ha anunciado avance ni fecha de lanzamiento.
También prometió la construcción de preparatorias militarizadas en León, Irapuato y Celaya; la de León ya existía cuando lanzó el plan y a principios de este año inauguró la de Irapuato.
Entre las medidas prioritarias, dijo que se reorientaría el gasto para destinar 55 por ciento más recursos al fortalecimiento de las policías estatal y municipales; sin embargo, para 2019 el aumento presupuestal para la Fiscalía y a Seguridad Pública fue del 21 por ciento.
Sinhue también anunció un fondo para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal con 600 millones de pesos, pero no se conoce la puesta en marcha del mismo, aunque sí conformó la Policía Rural, la Policía Turística y la de atención a casos de violencia de género.
En otro punto, prometió mejorar la coordinación con los órdenes de gobierno y con estados vecinos; semanas más tarde dijo que en la entidad la Guardia Nacional no podrá operar por falta de recursos para pagar el servicio; no se ha mencionado algún esquema de colaboración con entidades aledañas e incluso el 911 no funciona en todo Guanajuato.
Lo que ya concretó fue la creación del Consejo Estatal de Seguridad, que tomó protesta el 21 de noviembre y en donde buena parte de los integrantes son miembros de su gabinete.
Posteriormente, durante su Primer Informe, anunció la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, mediante la cual se atacaría a la economía del crimen organizado, pero al respecto envió la iniciativa al Congreso, donde lleva dos meses en la congeladora.
También aseguró que construiría el Instituto de Formación Policial en Santa Rosa de Lima, en un terreno de 30 hectáreas, del cual no hay avance.
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