En el sexenio de Enrique Peña Nieto 79 periodistas fueron asesinados, seis de los cuales estaban bajo el mecanismo de protección que implementa el Gobierno federal. Y en lo que va de la presente administración, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, suman 10 los comunicadores ultimados, dos de los cuales se encontraban bajo dicho protocolo de cuidado.
De acuerdo con una solicitud de información realizada a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), en el sexenio anterior (2012-2018), esta dependencia recibió 444 solicitudes para brindar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de las cuales 65 (14.6 por ciento) no fueron aceptadas; mientras que en lo que va de la actual administración, han sido 20 peticiones y todas fueron admitidas.
¿Qué acciones prevé el mecanismo? Medidas de protección y medidas urgentes que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo; por ejemplo, botones de pánico y escoltas.
En entrevista con La Razón, reporteros sujetos a dicho dispositivo indicaron que “el mecanismo de protección a periodistas no sirve” y que “es un paliativo que no garantiza la seguridad”.
“Si me dijeras del uno al 10 qué tan protegido te sientes con el mecanismo, te diré que un tres”, aseguró Lázaro “N”, cuyo nombre real se omite a petición del entrevistado y quien está inscrito desde 2016.
“Hacía un especial sobre la matanza de Nochixtlán, y al regresar de la cobertura comencé a notar que me seguían en mi casa, en el trabajo. Levanté la denuncia y solicité la protección que, por cierto, tardó seis meses para ser aprobada, porque para que te la den inmediatamente se requiere que llegues en calidad de víctima o de sobreviviente”, expuso.
Por su parte, Carlos Domínguez Ramírez, hijo del periodista del mismo nombre asesinado en Tamaulipas el 13 de enero pasado, aseguró que, aunque ya cuenta con el mecanismo de protección, aún teme por su vida.
“Yo ya no puedo regresar a mi tierra, con mi familia, ya he dado nombre y apellidos de los asesinos de mi padre, pero el Gobierno no ha hecho nada; yo no me siento protegido en este país, incluso estoy analizando pedir asilo político en Estados Unidos”, adelantó.
Entre las deficiencias, refirió que el mecanismo no atiende amenazas: “Prácticamente quieren que llegues con los huesos rotos o con unos balazos para que te hagan caso. O sea, ellos no atienden a amenazas, yo les he dicho ustedes quieren que prácticamente llegue en un ataúd para que se me considere en riesgo”.
Asimismo, explicó que desde el 2 de mayo pasado, cuando encaró al Presidente de la República para exponer el caso del asesinato de su padre, el Gobierno se comprometió a ponerle escoltas, lo cual, dijo, no ha ocurrido.
“Recibí amenazas de muerte inmediatamente después de que salí de la mañanera. Fui a Gobernación, acordamos seguridad, y hasta hoy no me han dado escoltas”, puntualizó.
“El mecanismo no funciona porque lo que hace el gobierno es delegar. Si quien pide el apoyo es un reportero de Jalisco, pues el Gobierno federal delega el cuidado a la administración estatal. Dependiendo la gravedad del caso te pueden poner escoltas, pero éstos no te cuidan de forma permanente, te dan un botón de pánico y si pasa algo que ponga en riesgo tu vida, pues lo presionas y llegan, pero de aquí a que llegan puede ser demasiado tarde”, explicó Lázaro “N”.
La mayoría de los casos registrados de agresiones a periodistas no llegan a sentencia. Entre 2012 y 2018 de los mil 77 casos investigados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), menos de 12 por ciento fueron llevados a juicio, y sólo cinco resultaron en fallos condenatorios.
En opinión de ambos periodistas, el protocolo “necesita fortalecerse”, pues “un compañero no puede esperar seis meses para ver si le pueden brindar o no seguridad”, y tampoco “pueden solucionar las cosas con un botón de pánico que no te garantiza que habrá una pronta reacción en caso de ser agredido”.
“Es muy triste lo que pasa en México, el precio de informar no tendría que ser la vida”, concluyó Domínguez, quien desde hace tres meses cambió de lugar de residencia con el fin de resguardar su integridad física.
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