El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregar la versión íntegra de los documentos que fueron considerados para analizar el reajuste a su estructura organizacional.
Lo anterior, recordó el instituto en un comunicado, luego de que en meses pasados en el SAT fueron despedidos unos dos mil empleados de oficinas locales, “los afectados tienen derecho a conocer las razones y los diagnósticos que motivan las decisiones”, detalló el comisionado del Inai, Joel Salas Suárez.
A su vez, continuó, en los primeros tres meses de la actual administración más de cinco mil empleados de 17 dependencias federales fueron separados o renunciaron a sus cargos.
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“Las personas afectadas por los recortes, ya sea porque renuncian a su puesto o le reducen el sueldo, tienen derecho a conocer las razones y los diagnósticos que motivan las decisiones. Es la única forma de despejar la sospecha de arbitrariedad, o bien, de improvisación”, subrayó.
Así, el Instituto detalló que un particular solicitó conocer el análisis organizacional mencionado en el comunicado que emitió el SAT el 21 de diciembre de 2018 para informar del reajuste propuesto por sus Administraciones Generales a las distintas unidades administrativas con la finalidad de evitar la duplicidad de funciones.
En tanto, el SAT indicó que no contaba con un análisis organizacional de manera literal, sólo con los documentos que sirvieron de base para ese propósito; sin embargo, los reservó por un periodo de un año.
Ello, al argumentar que la estrategia de restructura para cumplir con el plan de austeridad republicana aún se ejecuta y dar a conocer la información podría perjudicar la estructura organizacional definitiva de la institución.
Además, refirió que se afectarían las garantías del debido proceso, al violentar las prerrogativas de imparcialidad, así como la adecuada y oportuna defensa de las partes involucradas en los procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales de los que el SAT es parte.
A su vez, el particular, inconforme con la reserva de los documentos interpuso un recurso de revisión ante el Inai y en alegato el SAT reiteró su respuesta inicial.
Al analizar el caso, Salas Suárez determinó que la reserva de los documentos no es procedente y dar a conocer la información no afecta la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso correspondientes al SAT, en su calidad de autoridad responsable en los procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales.
Advirtió que difundir la información permite a las partes involucradas en esos procedimientos estar en igualdad de condiciones para definir sus estrategias procesales y medios de defensa, por lo que el pleno del Inai revocó la respuesta del SAT y le instruyó proporcionar al particular la versión íntegra de los documentos que sirvieron de base para analizar el reajuste.
Con información de Notimex
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