El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró que no hay economía, ahorro o medida de austeridad que se justifique si pone en riesgo o compromete innecesariamente la salud, integridad o vida de las personas.
“Debilitar o volver inoperantes los sistemas públicos de salud, implica una violación a los derechos humanos”, enfatizó en conferencia de prensa con motivo de la entrega de su informe de actividades 2018 ante el Ejecutivo federal.
Sostuvo que con independencia de medidas de disciplina presupuestal o de la investigación de ilícitos, México se encuentra obligado a asignar recursos necesarios para que los derechos humanos, incluido el de la salud, sean respetados y vigentes, aún frente a recortes o ajustes presupuestales.
“Hay rubros en los que la asignación de recursos públicos no puede sólo depender de cálculos económicos o ponderaciones administrativas, como lo son los servicios de salud pública”, expresó el ombudsman nacional.
Dejó en claro que la falta de recursos económicos, materiales o de personal debidamente calificado, “implica la diferencia entre la salud o la enfermedad de las personas e incluso en casos graves o urgentes, entre su vida o su muerte”.
Para González Pérez es claro que el sector salud presentó serios retos y deficiencias durante 2018 y advirtió que "el panorama con el que inicia 2019 no nos hace inferir que esta situación pueda revertirse en el año en curso”.
Al considerar que son preocupantes las voces que alertan de la crisis del sector salud, señaló que "nadie puede oponerse a que el gasto público se asigne y ejerza de mejor manera, así como tampoco a que los actos de corrupción se investiguen y sancionen".
Sin embargo, agregó, "ello no puede implicar que se suspenda o ponga en riesgo la atención que es debida a los pacientes, así como el acceso a los tratamientos y medicinas a los que tengan derecho”.
En lo relativo al ámbito de la seguridad y la justicia, el titular de la CNDH resaltó que si bien las variaciones numéricas registradas a la baja podrían interpretarse como algo positivo, no existen números o parámetros aceptables de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Dijo que 2018 concluyó con cifras que no son favorables y el panorama que presenta el inicio de este año “también está lejos de ser positivo, a menos de que se produzca un cambio radical en el enfoque y magnitud de la respuesta institucional a problemas y necesidades de seguridad de las personas”.
Evidenció el número de homicidios registrados en los primeros meses de 2019, la diversificación y alcances de las actividades del crimen organizado, los feminicidios, los ataques en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos, casos de linchamiento y desapariciones, así como agresiones y homicidios en contra de personal penitenciario, policías y miembros de las fuerzas armadas.
“Estos son algunos de los elementos que nos reiteran la necesidad de abordar la crisis que México vive en materia de violencia e inseguridad, bajo un enfoque integral, sustentado en una estrategia que priorice la prevención y no se limite al replanteamiento de un cuerpo eminentemente reactivo, como lo es la Guardia Nacional, así como al aumento de los delitos a los que sería aplicable la prisión preventiva forzosa”, explicó.
En ese sentido, Luis Raúl González señaló que la Guardia Nacional en el ámbito del combate a la criminalidad, sólo puede implicar disuasión o contención, con efectos limitados y de corto plazo.
“Poco o nada se abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente, si no abordamos temas como la operación y autonomía de las 33 Fiscalías Generales en el país”, argumentó.
Con información de Notimex
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