El próximo 20 de junio vence el plazo fijado por el Poder Judicial para que la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Oaxaca, que encabeza Alejandro Murat, cumplan la sentencia emitida para dejar insubsistentes los acuerdos con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para el uso de un banco de plazas magisteriales.
La organización Mexicanos Primero, a quien un juzgado concedió el amparo en contra de los acuerdos que en 2015 firmó el entonces subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, así como el gobierno oaxaqueño con la disidencia magisterial, advirtió que de no cumplir la sentencia, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como los funcionarios involucrados, podrían hacerse acreedores a diversas sanciones.
En entrevista con La Razón, David Calderón, presidente ejecutivo de la organización, detalló que la sentencia se encuentra firme, por lo que le corresponde a la encargada de la política interna del país cumplimentarla, pues en caso de no hacerlo podrían ser objeto desde multas hasta la separación del cargo.
“(El Poder Judicial) conmina a la secretaria de Gobernación para que como superior jerárquico le instruya a su subsecretario de Gobierno (Ricardo Peralta) que cumpla con los términos de la sentencia y ya hay una advertencia de sanciones.
“La advertencia es ‘respóndenos en 10 días o si no vas a tener multa’, de ahí siguen procesos administrativos y puede culminar, si es un desacato (en separación), ya te hicimos los llamados correspondientes y sigues sin cumplir la sentencia, ya no puedes discutir, es cosa juzgada, no sólo tienes que decir, demuéstrame que las consecuencias ya cesaron, entonces las sanciones pueden ser para todos los funcionarios”, apuntó.
Calderón refirió que antes de dejar su cargo como subsecretario de Gobernación, en mayo pasado, Zoé Robledo, envió una oficio en el que aseguraba que cumplía con la sentencia judicial, cuyo proceso inició desde 2015, sin embargo, dijo que eso no tiene validez debido a que no presentó elementos que lo respaldaran.
Dijo que ni siquiera refirió que hubiera informado a la CNTE que quedaba sin efecto el control que tiene sobre un banco de bases magisteriales, desde 1992, por lo que no existe sustento, al igual que lo declarado por el gobierno de Oaxaca, que argumentó que ya no tenían validez los acuerdos firmados, a partir de los cambios en el Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO).
“Justamente por eso fue que lo rebotaron como cumplimiento pleno, el puro oficio del subsecretario Robledo, ni siquiera avisó a la Sección 22 ni al gobierno de Oaxaca y no está dando ninguna evidencia para que la tengamos por buena de que ya cesaron los efectos; no hay elementos para decir que ya cumplió o no lo libramos de la obligación judicial, que demuestre que ya cesaron los efectos”, enfatizó.
El presidente ejecutivo de Mexicanos Primero refirió que Sánchez Cordero fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que confió que atenderá la sentencia judicial, pero dijo que en caso contrario, además de los procesos que se sigan para sancionar cualquier incumplimiento, la organización también procederá con otros instrumentos legales para demandar que las autoridades cumplan.
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