El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), José Salvador Rosas Quintanilla, afirmó que en los últimos dos años la incidencia delictiva del robo a autotransporte de carga ascendió 76 por ciento, siendo el centro del país la zona con mayor actividad criminal.
En un comunicado, informó que hay cerca de cien grupos delictivos dedicados a esta actividad, que entre sus principales objetivos están alimentos y bebidas, con 28 por ciento; combustibles, mismo porcentaje; químicos, 7 por ciento y con 6 por ciento, misceláneos; construcción e industrial y electrónicos.
“Esto representa un aumento del 130 por ciento en gastos extras por parte de los transportistas en favor de reforzar las medidas de seguridad”, resaltó.
Por ello, en un punto de acuerdo que analiza la Tercera Comisión de la Permanente, exhortó a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Fiscalía General de la República, a que realicen una revisión de la estrategia de seguridad empleada en la protección del autotransporte público de carga en autopistas federales y la red carretera, ante la tendencia en el aumento del robo a unidades y mercancías.
El legislador del PAN resaltó que entre enero y febrero de este año, se cometieron 2 mil 92 robos a trasporte de carga, que representó un incremento de 11 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, en el que un 90 por ciento, “hubo violencia explícita”.
Las carreteras de mayor incidencia, añadió, son Lechería-Texcoco, Tecámac-Pachuca, Texcoco-Calpulalpan y México-Pirámides, todas ellas en el estado de México, comentó el diputado del PAN.
“Resguardar las unidades de autotransporte de carga, es sumamente importante ante la primordial función que desempeñan. La situación actual del transporte muestra una carencia de las condiciones para realizar su trabajo, dejando un escenario deplorable, el cual habla de un desajuste normativo, obligándonos a buscar una pronta solución”, añadió.
Rosas Quintanilla recordó que el el pasado 6 de diciembre, el Senado de la República aprobó, una reforma al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio, en donde quedó cubierto el sector del transporte al incluirlos como meritorios de sanciones de este nivel.
“La legislación deberá ejercerse por un periodo para poder observar su impacto. Las consecuencias de los actos delictivos están tomando vidas, afectando a las comunidades y atentando contra la propiedad privada de la ciudadanía”, enfatizó.
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