Batres llama a lograr amplio consenso para la Ley de Extinción de Dominio

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El líder del Senado, Martí Batres convocó a los partidos políticos a lograr un amplio consenso en el proyecto para expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con el fin de fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Durante la inauguración del “Foro de análisis de la Ley Nacional de Extinción de Dominio”, el senador de Morena dijo que este será uno de los temas a tratar en el periodo extraordinario de sesiones que se realizará esta semana en la Cámara alta.

“Se trata de una de las legislaciones que tendría mayor recepción, mayor acogida en la sociedad mexicana, porque puede servir mucho a la lucha contra la corrupción, al combate a la delincuencia organizada e, incluso, como un instrumento de justicia social”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca informó que en el dictamen elaborado se concentran 386 artículos que plantean articular la ley de extinción de dominio, tratando de evitar la mayor supletoriedad posible de los códigos de procedimientos civiles, tanto del federal como los estatales.

Comentó que se reformarían el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se convertiría en instituto de administración de bienes y activos, y se incorpora la monetización que permitirá que sea útil la extinción de dominio.

La senadora del PRI, Edith Anaya, expuso que durante el proceso de extinción de dominio se debe conservar, con sumo cuidado, una línea entre los procedimientos penal y civil, ya que bastaría un error o vicio en el proceso para que los bienes sigan en propiedad del crimen.

Héctor Herrera, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, dijo que es preciso abordar en la discusión la libre valoración de la prueba o la prueba tasada en el procedimiento de extinción de dominio, la buena fe en el proceso, la relevancia de la concurrencia de los procedimientos de extinción y penal.

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