El Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar que la tragedia que se registró en Allende, en marzo de 2011, no se vuelva a repetir en el país, aseveró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Al encabezar el acto de disculpa pública que se realizó en el municipio coahuilense, acompañada por el gobernador Miguel Riquelme, puntualizó que para que haya justicia, que los hechos no se repitan y deje de reinar la impunidad, es necesario seguir investigando en todos los niveles de gobierno, de arriba hacia abajo, hasta encontrar los culpables.
“El Estado mexicano tiene la gran responsabilidad de garantizar que lo sucedido en Allende no se vuelva a repetir en ningún otro rincón de nuestro país (…). Sirva esta disculpa pública para intentar en algo sanar y para no volver a repetir este tipo de acciones que tanto nos han dañado como sociedad”, manifestó.
Recordó que para el presidente Andrés Manuel López Obrador la atención de estos temas es la prioridad número uno y refirió que, de acuerdo con la recomendación 10VG2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), autoridades de alto nivel sabían que esa organización criminal tenía planeado que se realizaría un ataque en Allende y acordaron no entrometerse.
“Hoy nos reúne la necesidad de enfrentar como país y como Estado mexicano uno de los sucesos más dolorosos en la historia de nuestro país, la masacre de Allende, una matanza ejecutada por la organización criminal con la complicidad del Estado, a la fecha, no hay claridad sobre el número de personas, incluyendo niñas y niños que fueron brutalmente asesinadas o desaparecidas, aquí en Allende, en Piedra Negras y en municipios aledaños, entre el 18 y 20 de marzo del año 2011.
“Los Zetas en conjunto con autoridades municipales y bajo el soslayo de los funcionarios de otros órdenes de gobierno desequilibraron la vida de la comunidad en uno de los hechos más violentos de nuestra historia reciente”, lamentó.
En este contexto, el gobernador Miguel Riquelme señaló que es necesario reconocer que el Estado mexicano falló ante los actos violentos que se registraron en Allende en marzo de 2018, por lo que aseveró que su compromiso es la “cero tolerancia a la operación y presencia del crimen organizado en nuestra entidad”.
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