El Senado aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, que incluye una “partida secreta” de recursos para el presidente y amplía a 10 años el periodo durante el cual los funcionarios públicos que se separen del cargo y que tengan conocimiento de información privilegiada no podrán laborar en empresas del ramo.
? Se aprueba en lo general y en lo particular el dictamen que expide la #LeyDeAusteridadRepublicana. Se remite a @Mx_Diputados. pic.twitter.com/zZgFMtTB27
— Senado de México (@senadomexicano) 2 de julio de 2019
A las 6:40 de la mañana, tras cuatro horas de discusión, la Cámara Alta avaló la nueva legislación, con la mayoría de Morena y con el rechazo de la oposición, como PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, que adelantaron que les van “a recetar acciones de inconstitucionalidad”.
El PAN denunció la discrecionalidad de la “partida secreta” que permitirá que el presidente maneje los recursos establecidos en el artículo 61 de la Ley, que señala que “los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán deslindarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.
Por ello, la bancada panista, a través de la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, planteó que estos recursos fueran aprobados, al igual que todo el presupuesto federal, por la Cámara de Diputados y quedarán sujetos a la Ley Federal de Transparencia, además de que fueran revisados por la Auditoría Superior de la Federación, lo que fue rechazado por la mayoría morenista.
El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, recordó que dentro del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador están obras como la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía, los cuales son proyectos particulares a los que podría destinar recursos de manera discrecional.
Por otra parte, el pleno del Senado también aprobó modificaciones al artículo 24 de la Ley de Austeridad, a propuesta del senador Félix Salgado Macedonio, que amplió de cinco a 10 años el periodo por el que los servidores públicos de nivel jerárquico no puedan ocupar espacios laborales en el sector privado en empresas vinculadas al ramo en el que se hayan desempeñado en el gobierno.
Aunque el senador coahuilense Armando Guadiana expresó su respaldo a la legislación aprobada, advirtió que existe miedo por parte de algunos servidores públicos ante esta condicionante, como los especializados en el sector energético, y advirtió que quienes se encuentren en esa situación se pueden amparar al abrigo de la Constitución.
El grupo parlamentario mayoritario también rechazó otra propuesta de Acción Nacional, presentada por la senadora Gina Cruz, para que así como los exfuncionarios estarán limitados laboralmente en los próximos 10 años, también los súper delegados del nuevo gobierno en los estados no puedan participar en los siguientes procesos electorales, la cual tampoco fue aceptada.
Tras las modificaciones aprobadas, el dictamen será regresado a la Cámara de Diputados.
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