Con 109 votos a favor y cero en contra, el pleno del Senado aprobó por unanimidad la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con la cual buscan desarticular la estructura financiera del crimen organizado y recuperar los recursos públicos desviados por funcionarios corruptos.
Tras aprobar las reservas, con 89 votos a favor, 21 en contra y cero abstenciones, la normativa que reforma el artículo 22 constitucional se turnó a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.
La nueva legislación se aplicará para 11 delitos: delincuencia organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, delitos contra salud, trata de personas, delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión.
Tendrá una prescripción de 10 años y los bienes objeto de esta medida podrán disponerse o venderse por compraventa, permuta u otras formas jurídicas de transmisión de la propiedad a través de licitación pública, subasta, remate o adjudicación directa, así como donación.
Al respecto, el panista Damián Zepeda destacó que con la nueva legislación se podrán recuperar los 50 mil millones de dólares que representa el crimen organizado y no sólo los 17 millones de dólares que se recuperaron con la ley vigente.
? Queda aprobada en lo general y en lo particular la la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se remite a @Mx_Diputados. pic.twitter.com/TQqaurgR11
— Senado de México (@senadomexicano) 2 de julio de 2019
“La extinción de dominio busca pegar en el bolsillo a la estructura del crimen, como en otros países del mundo, y es la manera de pegarle al crimen organizado para darle donde más le duele, en el dinero, con independencia de los procesos penales que se lleven a cabo y así podemos ir tras los 50 mil millones de dólares que tiene de valor al año”, comentó.
A su vez, Samuel García, de MC, resaltó que la retroactividad de la nueva legislación permitirá ir contra las corruptelas de exfuncionarios y perseguir casos como el de la Casa Blanca.
Claudia Anaya, del PRI, advirtió que esta nueva herramienta del Estado mexicano no deberá ser utilizada con fines políticos.
“Esperamos que sea bien utilizada por el Estado mexicano, que no sea una herramienta para causar daños políticos; es muy importante que esta herramienta se utilice con suma responsabilidad para darle un golpe financiero al crimen organizado”, remarcó.
Entre las reservas de la oposición que fueron desechadas se incluyó la que presentó el senador Zepeda, quien planteó que era importante que en la venta anticipada de los bienes de extinción el gobierno “no se gaste” de inmediato los recursos, sino hasta que termine el juicio correspondiente, porque en caso de que se probara lo contrario, podría dejar a la persona acusada y absuelta sin patrimonio.
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kl
