El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González, aseguró que la Guardia Nacional está llamada a ser parte de la solución al problema de la inseguridad que tiene el país, pero no es ni puede ser en sí la solución misma.
“Por mejor capacitada que esté una policía, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no contamos con 33 fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y sancionen, en esto y otros temas los gobiernos estatales tienen una gran responsabilidad”, destacó a través de un comunicado.
El ombudsperson señaló que el perfil de la Guardia Nacional debe ser policial y civil, las policías de estados y municipios deben fortalecerse y el Ejército debe volver en los plazos planteados a las funciones que le son propias.
De igual forma, es necesario que la Guardia Nacional opere con un marco normativo adecuado, que dé certeza a sus miembros, a la sociedad, propicie el debido desarrollo de sus funciones e inhiba el que se presenten violaciones a los derechos humanos.
Raúl González dijo que las leyes reglamentarias que se aprobaron, incluyen diversas disposiciones que no satisfacen del todo estos parámetros, razón por la cual se promovieron las acciones de inconstitucionalidad correspondientes, “no con el objeto de obstaculizar el desarrollo de acciones de gobierno o debilitar a las instituciones, por el contrario, si la posibilidad de que nuestro país logre la seguridad y la paz que requiere dependerá, en buena medida, de que la Guardia Nacional sea un cuerpo eficaz y exitoso, no podemos permitir que su operación tenga vicios, sesgos y fallas de origen, que la debiliten o la hagan cuestionable”.
De esta manera, indicó que en la medida que algunos aspectos de su integración y operación no sean congruentes con lo previsto por la Constitución, se le estará poniendo en riesgo como institución y colocando en una posición vulnerable a quienes formen parte de ella.
Además, insistió en que se deben transparentar los protocolos de actuación y los mecanismos de coordinación entre la Guardia Nacional y las autoridades estatales, municipales y federales.
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