Los estados de Baja California e Hidalgo ocupan el último lugar en la implementación de los mecanismos para el combate a la trata de personas, ya que sólo han cumplido con dos de los 10 compromisos acordados a nivel nacional.
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, el semáforo creado por la Auditoría Superior de la Federación estableció que las entidades con más avance en este tema son Michoacán, San Luis Potosí y Veracruz.
La comisión intersecretarial, encabezada por la Secretaría de Gobernación estableció con los estados la creación de las siguientes políticas públicas: contar con una comisión interinstitucional, participación de los estados en la reunión de la comisión intersecretarial, marco normativo en materia de trata, armonización normativa, sistemas de información, transmisión de información, sensibilización, difusión, modelo y fondo.
Baja California, una de las entidades más atrasadas en el cumplimiento de los mecanismos, sólo ha cumplido con la armonización normativa y los sistemas de información; mientras que Hidalgo tiene solo el marco normativo en materia de trata y difusión.
Otro de los puntos a destacar del análisis de la ASF, es el desdén demostrado por algunas de las entidades por participar en las sesiones para dar seguimiento a los compromisos contra la trata de personas.
De acuerdo con la auditoría, las sesiones de la Comisión intersecretarial y sus grupos colegiados abandonaron los trabajos de coordinación con los estados.
Los grupos de Prevención, Atención, Protección, Fortalecimiento y Técnico, sesionaron solo 1 vez en 2017 y en ninguna ocasión en 2018, lo que deriva en el incumplimiento de su mandato de prevenir y atender este delito.
En cuanto a su coordinación con lo estados, la ASF identificó que en 2017 y 2018, la secretaría Técnica realizó dos reuniones nacionales a las cuales no se presentaron los estados de Baja California, Chiapas, Nuevo León, Oaxaca y Sinaloa.
Además, de los 28 acuerdos signados en dichas sesiones, no se dio seguimiento a 19 de ellas en materia de atención a víctimas y acciones a escala municipal.
“En opinión de la ASF, a 2018, a 6 años de que se modificó el marco normativo nacional para fortalecer las acciones contra el delito de trata de personas; las acciones de la SEGOB, la CEAV y la PGR para prevenir su ocurrencia, atender a las víctimas y procurar justicia fueron implementadas de forma desarticulada, debido a una deficiente gobernanza de este delito; lo que evidenció la omisión y simulación de Estado Mexicano en el cumplimiento de su responsabilidad y deber jurídico nacional e internacional de garantizar la protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos de trata de personas, lo que no garantizó la disminución de la ocurrencia e impunidad de este delito”, concluye al ASF en su Auditoría de Desempeño: 2018-1-47AYJ-07-0302-2019 302-DS.
Impunidad. Recientemente la CNDH emitió el “Diagnóstico para el fortalecimiento a la rendición de informes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas” en el que establece el bajo índice de sentencias condenatorias en torno a este delito
Señaló que de acuerdo con cifras de las procuradurías y de las fiscalías generales, en los ámbitos federal y estatal entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017 fueron identificadas, mediante el inicio de una averiguación previa o carpeta de investigación, cinco mil 245 posibles víctimas.
En contraste, dijo, datos proporcionados por los órganos jurisdiccionales solo dan cuenta de 790 derivadas de sentencias condenatorias firmes de los delitos en materia de trata; es decir sólo 15% tiene sentencia condenatoria.
El Dato: 210 casos de trata de personas se han registrado a escala nacional en los primeros seis meses de 2019. Es decir, aproximadamente uno diario en promedio.
De las víctimas con las que se contó con información sobre su edad y sexo, 27% corresponden a niñas, niños y adolescentes cuyos casos se refieren principalmente a trata con fines de explotación sexual y explotación laboral.
Sin embargo, remarcó, se observa que existen pocas investigaciones iniciadas por otras modalidades establecidas en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
La CNDH urgió al Gobierno a intensificar las campañas destinadas a este sector de la población para que se informen de los riesgos relacionados con este ilícito.
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