Ricardo Castellanos, presidente del consejo directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tabasco, refirió que las extorsiones de las que son objeto los empresarios en los campos petroleros, hace que las obras que realizan aumenten hasta 30 por ciento; según datos oficiales, este delito creció 172 por ciento en los últimos años.
Son grupos de personas que en un camino de terracería o en una carretera atraviesan un tronco o bloquean el camino y simple y sencillamente, para que puedas continuar, tienes que pagar una cuota a la mano, aseveró en entrevista con La Razón.
“Esta gente, si está de buen humor, te enseña un documento, por supuesto apócrifo, en el que se le nombra delegado de un sindicato; pero metros adelante te topas con otro bloqueo y así para llegar a un pozo, la empresa llega a cruzar hasta 30 veces”, detalló .
“Esta gente te enseña un documento (apócrifo), en el que se le nombra delegado de un sindicato; pero metros adelante te topas con otro bloqueo y así para llegar a un pozo, la empresa llega a cruzar hasta 30 veces”
Ricardo Castellanos
Líder de Coparmex en Tabasco
Además, denunció que estos grupos presionan también a las compañías que se ven obligadas a contratar personas “a la fuerza”, sin que éstas realmente tengan los conocimientos necesarios para el trabajo requerido, lo que también retrasa e impacta negativamente en cualquier tipo de obra.
La problemática no es nueva, desde hace al menos 20 años esta situación ha sido denunciada por las compañías sin que se atiendan sus peticiones. La frecuencia es tal que prácticamente diario hay algún bloqueo.
Castellanos aseguró que la entrega del dinero a manos de presuntos integrantes de sindicatos, estimula la corrupción, porque se dejan de crear empleos formales.
Puntualizó que el aumento de 30 por ciento en la realización de obras y servicios conlleva más pérdidas en proporciones inestimadas, porque ese porcentaje representa más de la mitad de las utilidades que se generarían; por lo que, dijo, las compañías se ven orilladas a quebrar o a regresar los campos petroleros a la autoridad, con tal de ya no tener el problema.
Asimismo, comentó que Tabasco ocupa los primeros lugares en este delito, pues a pesar de que se denunció en sexenios pasados, “nos topábamos con pared”, y recordó que en campaña se lo solicitaron al actual gobernador, Adán Augusto López.
Por ello, ven con buenos ojos las modificaciones al Código Penal del estado para elevar hasta casi 20 años de prisión las penas a quienes cierren o bloqueen instalaciones con fines lucrativos.
“Ahora vemos que se ha tomado la decisión de hacer esta modificación al artículo y vemos que, efectivamente, hay voces en contra y a favor”, destacó.
Castellanos Martínez agregó que de ninguna manera busca interferir con la libre manifestación de ideas, pero lo ocurrido en Tabasco no se trata de eso, e insistió que “solamente los que trabajan día a día en este sector lo pueden comprender y respaldan las modificaciones al Código Penal”.
También consideró que esta medida podría ser llamada antipopulista, porque afectaría el tema electoral; pero, advirtió, que era necesario que se tomara esta decisión. “No es de constitucionalidad, sino de Estado de derecho de las empresas que han sido violentadas por años”.
Se multiplican los casos. Este delito se incrementó 172 por ciento en la entidad durante los últimos tres años, al pasar de 62 denuncias en el primer semestre de 2016, a 169 en el mismo periodo, pero de 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Al respecto, el Observatorio Ciudadano de Tabasco reportó que las denuncias por extorsiones se han presentado, principalmente, en el municipio Centro del estado, así como en Cárdenas, Comalcalco y también a Paraíso, donde se construirá la Refinería Dos Bocas, obra que arranca esta semana.
En el análisis que esta organización realizó de la incidencia delictiva en el primer trimestre del año en curso se revela que al menos cuatro de los municipios de la entidad superan por el doble la tasa media nacional en extorsión por cada 100 mil habitantes.
Tal es el caso de Centro con 286 por ciento de la incidencia, Nacajuca con 199 por ciento, Cárdenas con 119 por ciento y Comalcalco con 100 por ciento.
Con información de Germán Chávez
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