Tras una audiencia que se prolongó por casi 10 horas, un juez de Control determinó que será hasta el próximo lunes cuando se defina la situación jurídica de Rosario Robles, por haber causado un daño a la hacienda pública por más de cinco mil millones de pesos cuando estuvo al frente de las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol).
Durante el acto que inició a las 12:08 horas, la Fiscalía General de la República (FGR) le imputó el delito de ejercicio indebido del servicio público por la llamada Estafa Maestra.
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Toda vez que se señaló que la exfuncionaria fue omisa ante las irregularidades que le presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre las dependencias que encabezó y nunca se lo hizo saber al entonces presidente Enrique Peña Nieto.
“La hoy justiciable fue omisa en su calidad de garante, como secretaria conoció y pudo detener estos actos irregulares por parte de funcionarios que estuvieron a su cargo cuando ella fue la titular de la Sedatu y la Sedesol”, indicó el fiscal Mario Fonseca Barrera al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien presidió la audiencia en la sala uno del Centro de Justicia Federal.
El Dato: En medio de la audiencia, el abogado de la exfuncionaria acusó deslealtad de la FGR por presentar una prueba que no entregó a la defensa.
La imputación fue sostenida por los representantes del Ministerio Público de la Federación, con base en los testimonios de Marco Salvador Ibarra Infante, José Antonilo y María Gutiérrez, quienes eran subordinados de Robles cuando estuvo al frente de ambas dependencias, quienes hicieron de su conocimiento de Robles las presuntas inconsistencias de cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos con 25 centavos.
Estos desvíos corresponden a 27 convenios en los que las secretarías a su cargo solicitaban a las universidades Autónoma de Morelos, Politécnica Francisco I. Madero, Politécnica de Quintana Roo y Politécnica de Chiapas; así como a la Televisora de Hermosillo Radio y Televisión de Hidalgo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, que no requerían y que además no se cumplieron.
Al respecto, el abogado de Robles, Julio Hernández, solicitó al juez que la Fiscalía hiciera un desglose sobre qué servicios fueron los que no se otorgaron y a qué monto asciende por cada plantel educativo. A lo que los funcionarios aseguran no contar con dicha información, por lo que se decretó un receso de dos horas.
Al regreso, se desahogó lo solicitado y demás pruebas por parte de los fiscales, pues Robles se reservó su derecho a declarar. Sin embargo, la defensa pidió la duplicidad del término jurídico para presentar pruebas.
En tanto, el Ministerio Público determinó no solicitar una medida cautelar de detención, a lo que el juez respondió que le parecía inaudito porque debía garantizarse la presencia de Robles en la próxima audiencia.
Ante esto, Robles, quien acudió en compañía de su hija, expresó su disposición de acudir el próximo lunes, a las 18:00 horas: “estaré aquí como hoy de forma voluntaria. Estaba fuera del país y cuando me enteré de esta situación, regresé. Estaré aquí a la hora indicada, como usted lo ha solicitado”.
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kl
