La exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles y su excolaborador Emilio Zebadúa obtuvieron una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión que no amerite prisión preventiva oficiosa.
En el caso de la exfuncionaria, la medida fue concedida por Juan Mateo Brieba de Castro, titular del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia penal, previo a la llegada de Robles al reclusorio Sur, en donde la Fiscalía General de la República (FGR) la citó en audiencia por el delito de uso indebido de la función pública y omisiones en el desvío de más cinco mil millones de pesos, ligados a la “Estafa Maestra”.
Con la suspensión, tramitada el pasado 8 de agosto, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no podrá ser privada de su libertad en caso de que tras el fallo sea imputada por un delito no grave.
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Si se tratara de un ilícito de gravedad, la también exjefa de Gobierno quedaría a disposición del juzgado Sexto de Distrito de Amparo una vez cumplida la orden de aprehensión correspondiente, en lugar de ser recluida, y deberá quedar a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación.
“Varias autoridades se han ensañado en estos momentos contra Rosario Robles, y da la impresión de que sí la están persiguiendo, de manera organizada”
Julio Hernández
Abogado de la exfuncionaria
Para mantener vigente la suspensión, el juez impuso a Robles tres medidas cautelares, que consisten en pagar 100 mil pesos, presentarse ante el juez cada semana y comparecer tantas veces como sea citada durante el proceso, esto en caso de que sea acreedora a una orden de aprehensión por delito no grave. Además, firmará el libro de quejosos a quienes se les aplica dicha medida cautelar.
El jueves pasado, Robles Berlanga fue imputada formalmente por la FGR por el delito de ejercicio indebido de la función pública, en la modalidad de omisión, debido a que durante su gestión no dio respuesta acerca de los reportes concernientes a irregularidades y desvíos en las dependencias a su cargo, así como al menos 27 contratos con universidades públicas y sistemas de comunicación estatales que no fueron ejecutados.
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Las omisiones de Robles causaron un daño al erario por cinco mil 73 millones de pesos, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la FGR y la Auditoría Superior de la Federación. El próximo lunes se llevará a cabo la audiencia incidental de Robles, en la que el juez resolverá si concede la suspensión definitiva.
En tanto, Emilio Zebadúa González, exoficial mayor de la Sedesol y de Sedatu durante la gestión de Robles, promovió el amparo desde el pasado 19 de julio y ayer Felipe Sifuentes Servín, juez federal con sede en Tapachula, Chiapas, lo autorizó.
En su demanda, Zebadúa reclama que la FGR omitiera citarlo a declarar “en calidad de inculpado o imputado”, la omisión de darle acceso a la carpeta de investigación del caso y la posible confiscación de bienes.
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