Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el juez que dictó la prisión preventiva a Rosario Robles, actuó por consigna, acusó Julio Hernández, abogado de la extitular de Sedesol y Sedatu, quien agregó que su defendida se enfrenta ante un tribunal de Estado.
Además, consideró que hay graves violaciones al principio de inocencia y al debido proceso.
Al calificar la medida cautelar, es decir, la prisión de la exfuncinaria, como “injusta e innecesaria”, anunció que en las siguientes horas apelarán la decisión del juez para que Robles Berlanga pueda seguir el proceso en libertad.
Manifestó que exhibirán las garantías necesarias e insistió que su clienta es un "chivo expiatorio" en un tribunal de Estado.
"Lo que acabamos de ver es un tribunal de Estado; un procedimiento inquisitivo como los que había en la Edad Media... Rosario Robles es una víctima, una presa política”.
En un comunicado, el abogado manifestó que Rosario Robles es inocente de los hechos que se le atribuyen y ello se ha demostrado con pruebas documentales, periciales y testimoniales.
Refirió que tras casi 12 horas de audiencia en que la defensa desvirtuó todas las acusaciones de la Fiscalía, inexplicablemente el juzgador decidió no sólo vincularla a proceso penal, sino imponerle prisión preventiva como medida cautelar, aún cuando el delito del que la acusan no es grave.
Esto, dijo, “nos habla de un proceso imparcial y por consigna” que evidencia que se trata de un “chivo expiatorio” para intentar exculpar a otros exfuncionarios que probablemente sí tengan responsabilidad administrativa o penal por el manejo de recursos públicos".
Auditorías todavía están en solventación
También refirió que las auditorías que originaron la imputación todavía están en proceso de solventación, resarcitorio y en procesos ante los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa.
“Se trata de procedimientos que no están firmes, por lo tanto, es aventurado decir que hay un quebranto patrimonial hasta en tanto no se declaren firmes estas auditorías… No se puede juzgar a nadie por un delito que no está comprobado”, sostuvo.
Respecto a los contratos realizados al amparo del artículo Primero de la Ley de Adquisiciones (que son la principal base de las acusaciones), Hernández Barros expuso que cuando su defendida se dio cuenta de que se estaban realizando y que este tipo de contrataciones parecían no agradar al auditor Superior de la Federación, tomó decisiones.
“Inmediatamente tomó cartas en el asunto, emitiendo oficios para evitar que se siguieran realizando aún y cuando son perfectamente legales y se vienen realizando, incluso hoy en día, por distintas dependencias del Gobierno Federal".
“Si la Auditoría Superior de la Federación considera que el Artículo Primero es nocivo, lo que deberá de hacer es promover ante el propio Congreso de la Unión (del que él emerge), para que por la vía legislativa sea derogado”, dijo.
Respecto a la actuación del juez de control, la calificó como inaudita, pues se dedicó a proferir palabras de sarcasmo y de injuria a la defensa de Robles Berlanga, por lo que "creemos que este no es el trato que merece la defensa de cualquier ciudadano mexicano.
Además, sostuvo que "se ha violado el principio de presunción de inocencia, se ha violado el debido proceso, se han mancillado los derechos humanos de Rosario Robles”.
En cuanto a diferentes versiones periodísticas que han publicado que Rosario Robles atribuyó presuntas responsabilidades de José Antonio Meade y Enrique Peña Nieto, el abogado aclaró que son completamente falsas.
“Fue precisamente el juez quien puso sus palabras en boca de mi defendida para ufanarse de que investigar a estos dos exservidores públicos podría ser una joyita”, refirió.
Con información de Notimex
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