La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que representa a 193 casas de estudio, pidió que se castigue a los responsables de las irregularidades detectadas en la llamada Estafa Maestra, no a los centros educativos.
El secretario general de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, aseveró: “que se sancione a las personas que se tenga que sancionar, pero no a las instituciones; las instituciones son instituciones de prestigio, son instituciones que han trabajado a lo largo de muchos años y que prestan servicios, si algunos de estos están mal llevados a cabo y son señalados por las autoridades, que se actúe conforme a la ley”.
A la fecha hay 21 universidades bajo la lupa y algunas enfrentan querellas, lo anterior se desprende de las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al 19 de julio de 2019, según una revisión realizada por La Razón, así como a los casos documentados en la investigación de la Estafa Maestra, por parte de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción.
Entre las universidades involucradas en un esquema de triangulación de recursos, de instancias federales a éstas mediante convenios, y que a su vez derivaron en desvíos del erario y daños a la Hacienda Pública se encuentran laAutónoma del Carmen, la Autónoma de Morelos, la Universidad Popular Chontalpa, la Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México, la Tecnológica de Tabasco y el Instituto Superior de Comalcalco.
Además, entre las últimas denuncias presentadas por la ASF están las registradas en contra de la Universidad Tecnológica de Salamanca y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Entrevistado tras participar en un foro y en el marco de la vinculación a proceso de Rosario Robles por su vinculación con la Estafa Maestra, Valls reconoció que hay distintas universidades señaladas por la ASF como parte de una pesquisa por triangulación de recursos públicos.
Las instituciones fueron contratadas por dependencias federales, como las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que en su momento dirigió Robles, y éstas subcontrataron a su vez empresas ilegales, que derivaron en el desvío de más de cinco mil millones de pesos.
La Ley de Adquisiciones considera la posibilidad de que se eviten las licitaciones cuando se contratan a través de entidades públicas, por lo que las secretarías utilizaron las instituciones educativas para la subcontratación de servicios.
Al referirse a este tema, Valls Esponda puntualizó que en lo que se refiere a las universidades involucradas, éstas ya han comenzado a solventar las observaciones.
“Por parte de la ASF se hicieron auditorías, determinaron algunas observaciones y éstas se están solventando, muchas de ellas por parte de las instituciones involucradas y las que no la FGR determinará si abre alguna carpeta de investigación”, dijo.
El secretario de la ANUIES defendió que las universidades, autónomas o no, se han apegado a la legalidad, pues “han actuado dentro del marco de la ley, porque la ley lo permite. Una de las funciones más importantes de las universidades es gestionar recursos adicionales y lo hacen a través de la prestación de servicio”.
Al respecto, el titular de la ASF, David Colmenares, dio a conocer que han presentado entre nueve y 10 denuncias penales por la Estafa Maestra.
“Las investigaciones del artículo primero están en una primera etapa, se presentaron las denuncias, ya llevamos nueve o 10 denuncias, estamos tratando de ampliar el espectro”, expresó.
De acuerdo con datos registrados por la ASF, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo subcontrató a ocho empresas de forma directa por 10 millones de pesos, 91 por ciento del monto adjudicado (11 millones 22.3 mil pesos), cuya evidencia documental no fue reportada en la debida investigación de mercado que no realizó la casa de estudios.
Esto se evidenció en 15 transferencias bancarias y la expedición de 15 facturas electrónicas, realizadas entre junio de 2016 a enero de 2017. Seis de esas contrataciones, por tres millones 664.4 mil pesos, fueron consideradas como “caso fortuito o de fuerza mayor” por la universidad; sin embargo, las fechas de contratación coinciden con un periodo “no justificado” por la institución, debido a que fueron hechas fuera del tiempo que estableció. Otras cuatro contrataciones se reportaron en un domicilio distinto.
El Dato: El artículo 1 de la Ley de Adquisiciones establece que los contratos de servicios que se realicen entre dependencias federales con otras, por ejemplo, de los estados, no necesitan que se liciten.
Con información de Frida Sánchez