Un juzgado de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México -otorgó dos amparos que ordenan a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizar la posesión, transporte, empleo y uso de cocaína para mismo número de integrantes de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
La organización señaló que como parte de su estrategia legal, con la que busca terminar con la “guerra contra las drogas”, el juzgado le otorgó dichos amparos, los cuales, precisó, excluyen todo acto de comercio del estupefaciente.
Destacó que dichas decisiones resultan relevantes al ser las primeras en su tipo y detonar nuevamente un debate sobre la necesidad de eliminar la criminalización de personas usuarias de distintas sustancias, así como reforzar la intención del Gobierno federal actual de reformular el combate a las drogas.
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En ese sentido, MUCD refirió que, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, “la estrategia prohibicionista es ya insostenible, no sólo por la violencia que ha generado sino por sus malos resultados en materia de salud pública”.
Puntualizó que, según el mismo documento, el gobierno se estaría planteando “levantar la prohibición de las (drogas) que actualmente son ilícitas”.
Recordó que junto con el Centro Estratégico de Impacto Social (CEIS) y el Colectivo SMART encabezaron la estrategia de litigio en materia de cannabis que generó jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que los amparos concedidos ahora para la posesión, transporte, empleo y uso de cocaína constituye un paso más en la lucha por construir políticas de drogas alternativas que permitan reorientar los esfuerzos de seguridad y atender mejor la salud pública.
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“Llevamos años trabajando por un México más seguro, justo y en paz, y con este caso insistimos en la necesidad de dejar de criminalizar a usuarios de otras drogas que no son la mariguana y diseñar mejores políticas públicas que exploren todas las opciones disponibles, incluida la regulación”, resaltó Lisa Sánchez, directora de la organización.
México Unido Contra la Delincuencia indicó que es importante puntualizar que estos amparos no legalizan la sustancia ni pueden hacerse válidos hasta ser confirmados por un Tribunal Colegiado.
Por ello, indicó que no se plantea la masificación de los mismos o la búsqueda de la jurisprudencia, pero remarcó que son un paso histórico en el entendimiento del fenómeno por parte del Poder Judicial y una oportunidad única para abogar nuevamente por el fin de la guerra y la reorientación de los recursos públicos hacia la prevención y sanción de los delitos de alto impacto como el homicidio, el secuestro, la violación y la extorsión.
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