A la pesquisa por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, se suma como nueva ruta de trabajo la investigación de acciones u omisiones por parte de mandos y elementos de la Policía Federal en dichos eventos.
Así lo acordó la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso, a casi un mes de que se cumplan cinco años de los hechos.
Ayer sesionó dicho grupo de trabajo con la incorporación formal de Ángela Buitrago, quien fue parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a México para investigar el caso.
“(Desde) la administración de (Enrique) Peña se hablaba de la telefonía, incluso nos enteramos que se habían hecho llamadas desde el Cisen, de la delegación de la Policía de Cocula y del Campo Militar número uno”
Ángela Buitrago
Integrante del GAT
El GIEI cuestionó la versión oficial sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 y, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Gobernación (Segob), a estos expertos “les fue obstaculizada su labor por la administración anterior”.
Buitrago aseguró en su momento que los jóvenes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como se estableció en la llamada “verdad histórica”; resaltó la existencia de un quinto autobús y lamentó públicamente que se haya negado toda posibilidad de entrevistar a los militares del 27 Batallón de Infantería.
En entrevista con La Razón, la abogada colombiana aseguró que al sumarse a los trabajos, ahora como integrante del nuevo Grupo de Asistencia Técnica (GAT) impulsado por la CIDH, buscará dar seguimiento a las recomendaciones que el GIEI hizo en el segundo informe entregado a las autoridades mexicanas.
“Las investigaciones ya no pueden retroceder; al contrario, van a seguir avanzando porque en la administración de (Enrique) Peña Nieto se hablaba ya de los temas de la telefonía, incluso en esos momentos nos enteramos que se habían hecho llamadas desde el Cisen, de la delegación de la Policía de Cocula y del Campo Militar número uno”, destacó.
Al respecto, Felipe de la Cruz, vocero de las familias de los 43, explicó que cuentan con la certeza de que los teléfonos celulares de al menos dos estudiantes se ocuparon para hacer llamadas desde distintos puntos; “de que estamos seguros, estamos seguros, porque eso ya se arroja en la investigación; no tenemos duda de que fueron utilizados”.
“Lo que puedo asegurar es que no hubo ninguna intención de parte de (los estudiantes) de meterse en ese lío con drogas, sino que lo ignoraban y lo tomaron (el autobús) al azar, pero les tocó uno con un cargamento”
José Reveles
Asesor de Segob en el tema de víctimas
Por separado, José Reveles, asesor de la Secretaría de Gobernación para el tema de víctimas, planteó que también se revisa que los estudiantes de la escuela Raúl Isidro Burgos abordaron por accidente un autobús presuntamente cargado con droga del grupo criminal Guerreros Unidos.
“Lo que puedo asegurar es que no hubo ninguna intención de parte de ellos de meterse en ese lío con drogas, sino que lo ignoraban y lo tomaron al azar, pero les tocó uno con un cargamento”, dijo Reveles.
El 10 de agosto pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que hay más de 15 líneas de investigación abiertas sobre el caso Iguala, además de que han recibido información de testigos de los hechos.
El Dato: La Oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, refrendó su compromiso por participar en el esclarecimiento de la desaparición como una prioridad.
Respecto a las llamadas telefónicas, aclaró: “Hemos logrado en menos de seis meses el análisis de todas las llamadas telefónicas de los seis primeros días después de la tragedia. Después de revisar más de 84 millones de llamadas telefónicas, fuimos depurando la información para tener claramente hoy, la red de cómo se comportaron los grupos delictivos esa noche y cómo fue la operación del proceso de desaparición de los estudiantes”.
Eso, añadió, “nos permite contar con elementos muy claros para desmentir aquellas versiones que señalaban que había habido comunicación de los estudiantes con los policías”.
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