Blanca Lobo, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, negó a Rosario Robles acceder a las cuentas bancarias que le fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Hasta el momento se desconocen las razones por las que la juez no concedió la suspensión definitiva para desbloquearlas, ya que no publicó la resolución, por lo cual la exfuncionaria puede impugnar la negativa mediante una queja ante el Tribunal Colegiado de Circuito.
El próximo 2 de septiembre Lobo resolverá si concede el recurso, esto en espera de que la UIF entregue informes del caso.
Por otra parte, la defensa de Robles presentó ayer una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicita el apoyo de esta instancia para que la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) sea puesta en libertad de inmediato por considerar, que el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa.
Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa de Robles Berlanga, en compañía de Xavier Olea Trueheart y Magin Puig, abogado que reside en Washington, Estados Unidos, se presentaron en la sede del organismo internacional para interponer la denuncia contra el Estado Mexicano, en específico contra el citado togado.
Los litigantes argumentaron que Delgadillo violó la Constitución, las leyes procesales y los tratados internacionales de los que México es parte al decretar una detención ilegal contra la exfuncionaria federal.
“El juzgador cometió una flagrante violación al principio de justificación, mínima intervención y proporcionalidad, pues resulta evidente la desproporción entre la medida cautelar impuesta a la hoy víctima y las circunstancias del caso en concreto”.
Explicaron, además, que el daño que causa la conducta de la autoridad a los derechos humanos es irreparable, que no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.
Asimismo, pidieron a la CIDH emitir la recomendación correspondiente a las autoridades que resulten responsables y conceder las medidas cautelares que se solicitan.
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