La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a la Interpol la búsqueda y localización de Gonzalo Gil White, hijo de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda, por el desvío de más de 750 millones de pesos de la empresa Oro Negro.
En la solicitud de ficha roja también fueron incluidos sus socios: José Antonio Cañedo White, Carlos Enrique Williamson Nasi, Alonso del Val Echeverría y Miguel Ángel Villegas Vargas.
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De acuerdo con la denuncia de los tenedores de bonos de la empresa de infraestructura petrolera, que se declaró en quiebra en junio pasado, los acusados, directivos y fundadores de Oro Negro, hicieron una administración fraudulenta y abusaron de su confianza.
Los inversionistas acusan a los señalados de efectuar disposiciones ilegales del Fideicomiso F/1695 por más de 750 millones de pesos, por lo que en julio pasado la Procuraduría emitió órdenes de aprehensión contra ellos, quienes no se encuentran en el país desde hace tiempo.
Para las operaciones, los ahora prófugos utilizaron las empresas Perforadora Oro Negro S. de R.L. de C.V. e Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro S.A.P.I. de C.V, las cuales controlaban desde sus cargos como directivos y administrativos.
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Un juez aceptó las órdenes de captura porque le fueron presentados los informes migratorios de los imputados, pese a que ninguno de los delitos por los que se les acusa contemplan prisión preventiva oficiosa.
En la solicitud de ficha roja, la Procuraduría capitalina reportó que el hijo del secretario de Hacienda durante el sexenio de Vicente Fox, tiene residencia legal en Estados Unidos y reporte de salida de Miami hacia Madrid, España, el 27 de mayo pasado y regreso el 4 de junio.
De José Antonio Cañedo White reportó que cuenta con residencia legal en Estados Unidos y reportó viajes de Houston, Texas, a Miami, Florida, los días 26 y 27 de julio.
El 31 de julio, Gil White promovió un amparo contra la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de confianza y manejo indebido de recursos en la administración de la compañía que dirigía junto a sus socios.
Sin embargo, si alguno de los indiciados es extraditado o deportado, el juez determinaría si existe riesgo de fuga, con base en su historial migratorio, y en todo caso, resolvería si aplica alguna medida cautelar.
Con información de Iván Mejía y de Notimex
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