La Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH), así como padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cinco años en Iguala, Guerrero, expresaron su preocupación, indignación y molestia por la liberación de Gildardo López Astudillo, El Gil, personaje clave en la investigación, y señalaron que esto es una muestra de las fallas en el debido proceso.
“Es indignante que se tomen ese tipo de decisiones. No es un hecho aislado, es un hecho que debemos atender en el fondo, en donde tenemos que reconocer que la práctica de tortura existe y que es recurrente en el país y que fue la fuente fundamental para la construcción de la mal llamada ‘verdad histórica’. Pero aquí hay que discutir con la autoridad judicial la prevalencia del interés superior del respeto al derecho de las víctimas y no de los victimarios”, dijo Alejandro Encinas.
Interrogado acerca de si existieron fallas en el debido proceso, el subsecretario de Derechos Humanos de Segob respondió que “hay fallas en el sistema de justicia, que es distinto”.
Indicó que hay molestia en los familiares de las víctimas, pero se trabaja de manera firme, y adelantó que se prevén varias reuniones con ellos este mes, incluida una con el Presidente López Obrador.
Por separado, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, lamentó lo que consideró “deficiencias” de las consignaciones de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en este caso, que permitieron la liberación de El Gil.
“Lamentablemente, hemos venido corroborando que la deficiencia de las consignaciones, del sostenimiento en los procesos ha tenido como consecuencia que se den liberaciones de personas. Queda la incertidumbre de alcanzar el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, que haya una reparación integral y, sobre todo, que no se están dando las garantías de no repetición en términos de sostener procesos fortalecidos”, dijo en entrevista.
Por su parte, Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, uno de los desaparecidos, manifestó que “están sumamente preocupados” por la liberación, pues temen que otros actores involucrados también queden libres por la mala investigación del Gobierno anterior, que incurrió en tortura de los detenidos.
“Que estén saliendo no nos da certidumbre de qué vaya a pasar. Todos son importantes para las investigaciones, pero esperemos que no afecte, porque si tuvieron participación y si salen así porque sí, no abona”, dijo a La Razón.
En tanto, Felipe de la Cruz, vocero de las familias, lamentó que “en vez de dar respuesta, están liberando a los supuestos implicados en el crimen”; sin embargo, destacó que a El Gil no se le procesaba por el caso Ayotzinapa, sino por delincuencia organizada.
Consideró que primero se debe investigar a los policías municipales, estatales y federales, así como al Ejército, ya que ellos fueron los directamente relacionados, toda vez que entregaron a los normalistas a Guerreros Unidos.
El sábado, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas ordenó la liberación Gildardo López Astudillo, El Gil o El Cabo Gil, luego de exonerarlo de la última acusación que había en su contra, al desestimar 81 de 110 pruebas por considerar que la PGR las obtuvo de manera ilegal.
El Dato: En julio, la CNDH denunció ante la FGR a 235 exservidores que habrían incurrido en irregularidades, delitos y omisiones durante la pesquisa
A este sujeto se le señala como la persona que dio aviso al líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, de la presencia de los estudiantes en el municipio. También le habría reportado que “nunca encontrarían a los estudiantes, porque los habían convertido en polvo”.
En el caso Iguala se tiene registro de 130 personas que han estado bajo investigación desde 2014, de las cuales han sido liberados al menos 44; ocho de ellas vinculadas directamente con la desaparición de los 43 normalistas, informó a este diario José Reveles, asesor de la Segob en materia de víctimas.
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