El Gobierno federal anunció que interpondrá sendas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) por la liberación de Gildardo López Astudillo, El Gil, al considerar que el juez que lo absolvió “malinterpretó discrecionalmente la ley”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló ayer que se trató de un acto de omisión judicial; “es un asunto de justicia muy grave y por eso vamos a presentar formalmente una denuncia. Si se avanza evitando que haya una aplicación facciosa de las leyes, si se avanza evitando la corrupción en el Poder Judicial, en los Ministerios Públicos, todo eso va ayudando muchísimo”.
En la misma conferencia matutina y al hacer una exposición sobre el caso Iguala, a propósito de la absolución de El Gil, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que las indagatorias llegarán a jueces, agentes del Ministerio Público y exfuncionarios de la otrora Procuraduría General de la República (PGR).
Incluso, no descartó que la pesquisa alcance al exprocurador Jesús Murillo Karam y a Tomás Zerón, quien estuvo a cargo de la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
Encinas Rodríguez destacó que Samuel Ventura Ramos, Juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales en Tamaulipas “malinterpretó discrecionalmente la ley” al liberar a López Astudillo.
“El juez determinó que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada (contra dicho sujeto); desestimó 44 pruebas en contra de López Astudillo que buscaban acreditar el delito de secuestro”, recordó.
En consecuencia, dijo, sólo estudió una parte de los tomos y se concentró en que el sujeto fue víctima de tortura, pese a que en su opinión había elementos suficientes para fincar responsabilidades.
“Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada”, dijo, y advirtió que ello implica que otras 50 personas vinculadas al caso iguala también puedan quedar libres.
“Con una muy laxa interpretación de la ley se retiraron los cargos a Gildardo López, y esto es un precedente muy grave; una sentencia absolutoria, que además implica que otros 50 detenidos puedan quedar en libertad”, expresó.
A unos días de que se cumplan cinco años de la desaparición de los jóvenes, 53 personas de 142 detenidas (37 por ciento) entre el 26 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 2018, han sido liberadas. La más grave, precisó Encinas, es la de El Gil, señalado como supuesto jefe de plaza del grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala, Guerrero.
“Lejos de brindar justicia, se está generando un pacto de impunidad”, añadió, por lo que exhortó a la FGR, así como al CJF, a reencausar la investigación.
A decir del funcionario, la liberación de El Gil también revela la indebida integración de la investigación y que “no hay ninguna identidad con la llamada ‘verdad histórica’, los puntos son totalmente distintos, y la ’verdad histórica’ choca con la propia realidad.
“Aquí debe tomarse en consideración que la aplicación de la justicia no puede reducirse solamente a la interpretación de la ley; se trata de impartir justicia, no de interpretar la ley, y debe prevalecer siempre el interés superior del derecho de las víctimas por encima del derecho de los victimarios. Yo creo que son de los temas fundamentales que tenemos que definir”, puntualizó.
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