El Senado aprobó en lo general y en lo particular reformas a cinco ordenamientos para terminar con las empresas fantasma y la facturación falsa, al imponerles prisión preventiva oficiosa y tipificarlos como delincuencia organizada y contra la seguridad nacional.
Con 66 votos a favor y 45 en contra, con la mayoría de Morena y sus aliados, el Pleno avaló las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal en materia de empresas fantasma.
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Durante las aproximadamente siete horas que duró el debate sobre las reformas legales, que ahora serán turnadas a la Cámara de Diputados, los partidos de oposición advirtieron que con los cambios se estaba incurriendo al terrorismo fiscal.
El senador panista Damián Zepeda señaló que la reforma restringe las garantías individuales y que con la aprobación de la prisión preventiva parecería que hasta la ONU está en contra de la cuarta transformación, porque también rechaza este tipo de medidas.
A su vez, la secretaria de la Comisión de Hacienda, la panista Minerva Hernández, dijo que esta reforma sólo tiene un ánimo recaudatorio.
“Lo que hay detrás es un claro ánimo recaudatorio porque las cifras no les están cuadrando, porque necesitan dinero de manera urgente.
"No les bastó con pegarle un mordisco de más de 40 por ciento al fondo de estabilización de ingresos petroleros, porque este gobierno quiere más recursos para su Tren Maya, para la refinería de Dos Bocas, para Santa Lucía o para Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyos datos son improbables e inverificables, para eso quieren más recursos, atacando a los contribuyentes con acciones que se constituyen en terrorismo fiscal”, manifestó.
En ese mismo sentido se expresó el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, quien dijo que ni el uso de facturas falsas, el contrabando o la defraudación fiscal ameritan ser considerados como delitos de delincuencia organizada, ni mucho menos atentados a la soberanía nacional.
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Al respecto, la senadora de Morena, Lucía Trasviña, defendió las reformas y argumentó que hay resistencia a los cambios que presenta la cuarta transformación.
“Lo siento mucho por quienes tuvieron y ejercieron el poder, por quienes fueron cómplices de esas empresas fantasmas y que se le está yendo de la mano el gran negocio”, agregó.
Aunque Movimiento Ciudadano apoyó que se combata a los factureros, el senador Samuel García señaló que esto no debe servir para ir en contra del ciudadano común, por lo que advirtió que como no se corrigió en el Senado lo tendrá que resolver la Suprema Corte.
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Ante el reclamo de los opositores, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, propuso modificaciones para que se establezca un parámetro de punibilidad en la adquisición, expedición, compra, venta o enajenación dolosa de comprobantes fiscales.
“Lo que estamos planteando es que se ponga ese parámetro, que hasta ocho millones de pesos se considere al pequeño contribuyente y a ese universo que tengan anualmente entre ocho millones de facturas no les afecte esa disposición de prisión oficiosa ni delincuencia organizada”, indicó.
Explicó que si se trata de un primo delincuente, podría enfrentar su proceso en libertad, “a aquel que sí se le comprobó que usaba facturas falsas y que tenía empresas fantasmas pueda defenderse en libertad y no proceda la prisión oficiosa”.
"Peligra la libertad"
Durante la discusión en comisiones la semana pasada, la senadora panista Mayuli Latifa Martínez, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, señaló que veían peligroso equiparar el delito con la delincuencia organizada pues peligra la libertad de las personas
“No es que estemos en contra de abatir la evasión fiscal, estamos a favor; la manera en que se están planteando estas propuestas a las diferentes leyes, y que lo que se está haciendo es precisamente equiparar a cualquier persona, en un momento dado que obtenga una factura falsa, puedan inmediatamente aplicarle la prisión preventiva oficiosa", expuso Latifa Martínez.
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“Ese es el peligro que nosotros vemos de ponerlo en este catálogo porque peligra la libertad de las personas. No es lo mismo hablar de delincuencia organizada, de sabotaje, de terrorismo, de delitos de seguridad nacional a un tema de evasión fiscal que ya está tipificado como tal”, expuso la senadora del PAN.
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