La Fiscalía para el caso Ayotzinapa presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes "han incumplido con sus funciones", en el marco de la investigación de la desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una postura luego de que un Juez de Distrito otorgó la libertad a policías locales procesados en relación con dicho caso.
Indicó que el Ministerio Público Federal especializado “presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones”.
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Asimismo se generarán las acciones que puedan iniciarse al margen de la sentencia emitida por un Tribunal Colegiado
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Expuso que el nuevo fiscal ha ido reuniendo la información de todos los procesos y de las gestiones ordenadas ante una sentencia de un Tribunal Colegiado de Tamaulipas, hasta que un Juez de Distrito en Matamoros dio un plazo de 10 días naturales para aplicar los Protocolos de Estambul a policías locales y otros procesados que alegaron haber sido torturados.
Ante ello la Fiscalía del caso solicitó la ampliación del plazo para cumplir la sentencia, toda vez que cada uno de los investigados tiene que dar su anuencia y la FGR no podía aplicar dicho Protocolo, por lo que se tenía que encontrar una institución inobjetable que los realizara.
La FGR propuso para ello a las autoridades de la Ciudad de México en materia de derechos humanos, a lo que el Juez de Distrito se negó y otorgó la libertad a los policías locales procesados.
[caption id="attachment_1007431" align="alignnone" width="680"] Foto: Cuartoscuro[/caption]
El 31 de mayo de 2018, un Tribunal Colegiado emitió una sentencia en amparo para que se repusiera el procedimiento y aplicara de manera independiente de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) los Protocolos de Estambul a los acusados que alegaron haber sido torturados para obtener sus confesiones.
Ordenó que también deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados, así como crear una comisión de ciudadanos en la que participara la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la PGR para cumplir con las funciones de investigación y persecución de los delitos.
La Fiscalía General recordó que en ese entonces la sentencia fue impugnada por la PGR al violentar la función constitucional del Ministerio Público Federal, “pero también fue apoyada mediante diversos recursos que han permitido la situación que hoy se está enfrentando”.
En tanto, los padres y sus abogados presentaron recursos que han impedido que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre dicha sentencia del Tribunal Colegiado.
[caption id="attachment_1004695" align="alignnone" width="696"] FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM[/caption]
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