La exsecretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga, y sus familiares exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se le otorgue un juicio justo, pues reclamó que está ante una ofensiva con “saña” por parte de funcionarios federales.
En una carta de puño y letra dirigida a la opinión pública y leída por su hija, Mariana Moguel, afuera del Penal de Santa Martha Acatitla, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), denunció una confabulación de instituciones del Estado mexicano, que, dijo, han recurrido a “múltiples artimañas para mantenerme de rehén, violando mi presunción de inocencia y el debido proceso”.
Por ello, Moguel Robles y sus tíos compartieron el reclamo de su madre para que se le otorgue un juicio justo.
“Presidente López Obrador, lo único que exijo, lo que exigimos la familia, lo que exijo yo también como hija y lo que exigiría cualquier ser humano en este país es un proceso y un juicio justo, en lugar de eso me enfrento a una ofensiva por parte de funcionarios de su gobierno, ¿por qué esta saña? Yo misma he dicho que el juicio es una gran oportunidad para demostrar mi inocencia, pero al igual que los que hoy se defienden frente a estas falsas acusaciones, yo también tengo derecho a hacerlo en libertad, tengo derecho al debido proceso, considero que los derechos humanos son universales y que en México muchos hemos luchado porque se respeten.
“Le pregunto, señor Presidente, ¿acaso no tengo el mismo derecho que una ciudadana francesa (Florence Cassez) al debido proceso, sobre todo tratándose de mi país?, ¿tienen más derechos los vinculados al caso Ayotzinapa y la desaparición de 43 jóvenes?”, leyó la hija de Rosario Robles.
Recordó que desde hace más de un mes, por decisión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien reiteró que tiene un conflicto de interés por su parentesco con la diputada federal Dolores Padierna, se encuentra en prisión preventiva con el argumento de una licencia que nunca se acreditó que le pertenecía.
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Robles señaló en la misiva que primero se enteró a través de los medios de la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP), que no dio a conocer que era por una cuenta bancaria que fue cancelada por inactividad y que sólo tenía dos mil 800 pesos, por lo que va a impugnar la resolución.
En ese sentido, la exsecretaria de Estado criticó que mientras a ella se le inhabilita por 10 años, la SFP ni siquiera considera un problema el hecho de que Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no declare propiedades millonarias y se le otorgue “gracia“.
“Lo contrastante es que a dicha Secretaría le parece que yo merezco una sanción de esa magnitud por un préstamo sí declarado y una cuenta que ni siquiera tenía en el radar, porque jamás se utilizó, pero le parece que no hay problema que un funcionario del gabinete actual no declara propiedades por millones de pesos, ahí sí hay justificación, para los amigos, gracia, yo creo que es evidente”, señaló.
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