La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 14 anomalías que generaron 46 recomendaciones a la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la extintan Procuraduría General de la República (PGR) por simulación y omisión del Estado en la atención a víctimas de trata de personas, así como la falta de una estrategia coordinada para atender este delito y carecer de recursos para la reparación integral del daño.
Las acciones de los tres organismos para prevenir el delito, atender a víctimas y procurar justicia, vía una comisión intersecretarial, fueron implementadas de manera desarticulada, por “una deficiente gobernanza”, señaló la Auditoría.
Además, evidenció la omisión y la simulación del Estado en el cumplimiento de su responsabilidad y deber jurídico nacional e internacional, de garantizar la protección a la dignidad, la libertad, la seguridad y demás derechos humanos de las víctimas.
Al dar los resultados en el proceso de desempeño 2018-1-47AYJ-07-0302-2019, cuya copia posee La Razón, el organismo determinó que a seis años de haberse publicado la nueva ley contra la trata de personas, la Segob no implementó ni operó el fondo federal previsto en materia de trata de personas y ninguno de los 32 gobiernos locales dispone de un fondo específico para dicho fin.
Hasta 2018, la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos (DGEPDH), de Gobernación, no había creado el Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los Delitos de Trata de Personas, por lo que al cierre de ese año careció de un instrumento financiero para la reparación integral del daño a este sector.
“Se verificó que en 2019 se incluyó en su Anteproyecto de Presupuesto 2019, una propuesta de recursos por 10.9 millones de pesos para la creación de fondo, pero el dinero requerido no fue autorizado, debido a que la Segob no ha elaborado las bases de operación del fondo ni ha cumplido los requisitos establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, detalló la Auditoría Superior.
En el informe entregado al Senado se señala que lo anterior reflejó la insuficiencia de mecanismos adecuados y de recursos necesarios, en el ámbito federal y estatal, que permitieran asegurar la atención integral de las víctimas; y lo atribuyó al desinterés del Estado mexicano en cumplir con su mandato constitucional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas del delito de trata de personas y evitar su revictimización”.
Agregó que en 2018 la extinta PGR no consignó ninguna averiguación previa ante los órganos jurisdiccionales competentes, además de que quedaron pendientes de trámite 181 averiguaciones previas; 44.19 por ciento a cargo de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y 55.80 por ciento a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (UEITMPO), toda vez que los Ministerios Públicos no han podido concluir si hay o no un delito que perseguir e identificar, en su caso, al responsable.
… Y el INE gasta 35.4 mdp sin comprobar
Durante el proceso electoral de 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) incurrió en irregularidades en el ejercicio de 35.4 millones de pesos, pues no los comprobó adecuadamente y contrató servicios de manera irregular.
Así lo reveló una auditoría preliminar de las actividades del órgano electoral, correspondientes al primer semestre de 2019, pero que también revisó el gasto de programas durante los comicios del año pasado; tan sólo en el voto en el extranjero advirtió un ejercicio inadecuado de 5.6 millones de pesos, mientras que en envío de mensajes para los connacionales que radican en Estados Unidos se pagaron 3.6 millones de pesos sin que se comprobara el envío de los mensajes.
“Hay criterios definidos de hasta dónde se debe tener la reserva de estos asuntos y esto es hasta que se presenten los informes de resultados, que es cuando está cerrada la auditoría”
Claudia Zavala, Consejera del INE
Según la “Fiscalización de los recursos ejercidos en el Proceso Electoral 2018, registrada con los números DAOD/07/FI/2019 y DAOD/10/FI/2019, el INE no comprobó el ejercicio de 1.1 millones de pesos a través del Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos, ligado al arrendamiento de vehículos para entregar documentación electoral.
Además, en las cinco Juntas Distritales Ejecutivas de Querétaro, se adquirieron y pagaron 55 bienes y servicios por un monto de 3.5 millones de pesos, sin un proceso normativo.
El documento del Órgano Interno de Control refirió que se realizaron 178 adjudicaciones y tres compras menores en las juntas de Guanajuato, Michoacán, Nuevo León y Ciudad de México, mediante las cuales se erogaron irregularmente 7.2 millones de pesos.
Ante este informe, el consejero Enrique Andrade precisó a La Razón que se trata de un informe preliminar y consideró que no se debe buscar desacreditar la labor del INE.
En el mismo sentido se expresó la consejera Claudia Zavala, quien dijo que es necesario tomar los datos con reserva y esperar hasta que se cierre la auditoría, por lo que subrayó que están dispuestos a cumplir con la transparencia.
Con información de Magali Juárez
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