Para revocar las órdenes judiciales que hasta el momento han detenido la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL), el Ejecutivo federal invocó al “interés nacional” y las declaró instalaciones estratégicas, reveló el colectivo #NoMásDerroches.
Detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó en juicio que se revoque la suspensión definitiva bajo el argumento de que todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipos de la dependencia, incluyendo el proyecto del aeropuerto, son instalaciones estratégicas.
Además, señaló que la suspensión definitiva pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional y que pone en riesgo la “protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República” al impedir la aplicación del Plan DN-III-E.
El colectivo, que promovió más de un centenar de amparos y obtuvo suspensiones definitivas en contra de la construcción del aeropuerto en la base aérea, consideró que la solicitud de revocación es “la crónica de una maniobra anunciada”.
En ese sentido, detalló que desde el 23 de agosto pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó: “Vamos a acudir a la facultad que tiene el Estado para poner a salvo el interés nacional” y el 29 de agosto dijo: “Estamos ya tramitando que se resuelva en definitiva lo de los amparos”.
Sin embargo, #NoMásDerroches manifestó que el proyecto de construcción del aeropuerto todavía no es un bien y no puede ser declarado una instalación estratégica.
“Si algún efecto tiene la suspensión de la construcción del AISL es precisamente proteger el orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente”, sostuvo.
Advirtió que de revocarse la suspensión, se lesionaría gravemente el derecho a un medio ambiente sano, la integridad y estabilidad de las personas que viven en las zonas aledañas a Santa Lucía, la vida y seguridad de los usuarios de las instalaciones aeroportuarias y cientos de miles de millones de pesos del erario.
Sobre todo, dijo, se generará un precedente preocupante y negativo para la protección de los derechos fundamentales en México abriendo la puerta para que se apele a la “seguridad nacional” y el orden público para anular el derecho al amparo que tienen los ciudadanos.
“El Poder Judicial de la Federación tiene la indelegable función de proteger a los mexicanos en contra de cualquier abuso por parte de las autoridades. Confiamos que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México resolverá con imparcialidad, conforme a derecho y teniendo en cuenta, en todo momento, el bien común y los derechos de todos los mexicanos”, manifestó.
Aquí la solicitud de Sedena:
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kl