Pese a la petición del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de disminuir a un millón de personas el requisito para impulsar la revocación, el Senado debe mantener su propuesta de que tres por ciento del listado nominal de 17 entidades federativas solicite formalmente este proceso al Instituto Nacional Electoral (INE), aseveró el PAN.
Al respecto, el legislador albiazul Damián Zepeda aseguró a La Razón que es aceptable el porcentaje en la materia establecido en el dictamen votado en las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, la semana pasada; no es nada alto y no complica la recolección de firmas para emprenderlo.
“No, no, la revocación de mandato debe tener ciertos umbrales altos, porque es una medida extrema; no es cualquier cosa revocarle el mandato a alguien que fue electo”, señaló en entrevista el exlíder nacional albiazul, quien adelantó que su voto será a favor del dictamen que presentan las comisiones.
En la actualidad hay inscritos 89 millones 839 mil 959 ciudadanos en el listado, de acuerdo al último corte del Instituto Nacional Electoral (INE), del pasado 29 de septiembre, por lo que para 2022 la cifra sería superior a 90 millones de personas.
Ante este panorama, el número de solicitantes para iniciar el proceso de revocación al titular del Ejecutivo federal rebasaría los tres millones de ciudadanos, cuyas firmas tendrán que recaudarse un plazo de 90 días para confirmar que se evaluará si el mandatario debe continuar o no en el cargo.
Esta semana, el dictamen se presentará ante el pleno de la Cámara alta para su aprobación, que incluye la consulta popular, una vez que avanzó en comisiones unidas del Senado con el apoyo de la mayoría de Morena y los partidos del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Verde Ecologista de México (PVEM), y la abstención de las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC).
Cabe destacar que el viernes pasado, López Obrador criticó en conferencia de nuevo a los partidos de oposición por poner obstáculos para evaluar su permanencia en el poder y los acusó de ser “bien antidemocráticos” al no permitir la participación ciudadana en la materia.
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Momento en el que pidió modificar uno de los requisitos, el relativo al porcentaje de petición de tres por ciento del padrón electoral, para que sólo un millón de rúbricas sean consideradas suficientes y así facilitar el ejercicio.
Al respecto, Zepeda Vidales afirmó que así como están los términos se votará el documento esta semana para avanzar en el tema y quedan superados los puntos que generaron el debate entre Morena y la oposición en el Congreso de la Unión en torno a la fecha del proceso, para evitar que se empalmara con los comicios del próximo año, y que únicamente sean los ciudadanos quienes puedan solicitarlo.
“En mi opinión, queda ya una herramienta verdaderamente ciudadana, con derecho ciudadano, con una sola ocasión para pedirlo; un porcentaje adecuado; la vinculación sólo si hay más de 40 por ciento de participación, lo organiza el INE, no coincide con la fecha (ahora será en 2022) y además aplicable a todos los gobernantes: Presidente y (mandatarios) estatales”, comentó.
El legislador sonorense reveló que hoy la bancada del PAN sostendrá una reunión privada para definir una postura sobre la revocación de mandato y la consulta popular; pero de entrada, apuntó, “se acaba la duda de que si va a poder Andrés Manuel prolongar su periodo con estas figuras”.
Por separado, el líder nacional del sol azteca, Ángel Ávila, pidió a su militancia no caer en la trampa del jefe del Ejecutivo en el tema de revocación de mandato.
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“El Presidente fue electo para un periodo de seis años y lo que él busca es reafirmar su poder político y generar clientela electoral para ganar elecciones”, aseveró.
Respecto a los temas de trascendencia nacional o de competencia de la Federación en las entidades, recordó que podrán ser asuntos para consulta popular los que cuenten con el respaldo de al menos dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal; sin embargo, uno de los temas que queda fuera es la infraestructura, pues las obras
en ejecución no podrán ser llevadas a revisión.
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