María Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), aseguró que el número exacto de los feminicidios que ocurren en Baja California Sur es difícil de calcular, porque la entidad registra cero crímenes contra mujeres ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); sin embargo, alertó que el panorama de violencia contra las mujeres en la entidad es grave, y es en el núcleo familiar donde más sucede.
“Siete de cada 10 mujeres son violentadas y de esas siete, que se convierten en el cien por ciento, siete viven violencia en el hogar; es un panorama grave porque hoy la familia está siendo sumamente dañina para las vidas de las mujeres y las niñas”, dijo a La Razón.
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Entre 2017 y 2018 se registraron 93 homicidios contra mujeres sin que fueran tipificados como feminicidios, según el propio procurador estatal, Daniel de la Rosa Anaya. Asimismo, entre enero y agosto, siete mujeres han sido asesinadas en la entidad, según datos del SESNSP.
“Baja California Sur es una de las entidades que ni siquiera tiene Alerta de Género y están fallando los Ministerios Públicos, las autoridades investigadoras y las policías, ya que no se están generando los datos oportunos. Si no los reportan es porque no los están atendiendo”, advirtió la titular del Conavim.
“Están fallando los Ministerios Públicos, las autoridades investigadoras y las policías, ya que no se están generando los datos oportunos. Si no los reportan es porque no los están atendiendo”
María Candelaria Ochoa
Titular de la Conavim
Ochoa Ávalos explicó que los principales riesgos para las mujeres dentro de los hogares son el odio y el género, “y lo que tendríamos que leer son los mapas de violencia”, al tiempo que alertó que aun con la ley que tipifica el feminicidio, aprobada en marzo pasado, en la entidad que gobierna Carlos Mendoza Davis no existe Alerta de Género ni tampoco protocolo de violencia.
Ése fue el caso de María Fernanda Lamas Sánchez, originaria del municipio San José del Cabo, quien contaba con 15 años cuando fue asesinada al interior de su hogar, un lunes 4 de noviembre de 2013.
“Las autoridades y algunos medios de comunicación se encargaron de destruir su dignidad, exponiendo el caso con morbo y lo más grave, sin darlo a conocer como lo que realmente fue: un feminicidio”
Blanca Lamas
Familiar de víctima
“En aquel entonces las autoridades y algunos medios de comunicación se encargaron de destruir su dignidad, exponiendo el caso con morbo y lo más grave, sin darlo a conocer como lo que realmente fue: un feminicidio”, narró a este periódico Blanca Lamas, tía de la adolescente asesinada.
La impunidad y el trato que se le dio al homicidio de María Fernanda llevó a la familia a realizar una de las primeras manifestaciones en la entidad; y aunque hace medio año el feminicidio fue tipificado, su muerte no ha visto la justicia, relata Blanca, quien se convirtió en activista y ahora es miembro de Equide A.C., organismo sin fines de lucro que busca la resignificación de los casos de feminicidio en la entidad y dignificación de las víctimas y sus familiares.
Ahora, Blanca hace un llamado al gobernador Mendoza Davis y al procurador Daniel de la Rosa Anaya a “ponerle nombre a lo que está sucediendo, a atender que están asesinando a mujeres. El procurador tiene una madre. El gobernador tiene una madre, una hermana, una hija. Le pasa a 10 personas cercanas al menos. Algún día lo van a vivir y cuando lo vivan, le van a querer dar nombre y van a querer respuestas. Una de las principales fallas es creerse inmunes, creer que a ellos no les va a pasar nada”, señaló.
El Dato: De enero a agosto, en ese estado fueron víctimas de abuso sexual 24 mujeres, 16 de acoso, 11 de violación y 924 de violencia de pareja.
Con información de Jorge Butrón