El represente en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, consideró positiva la propuesta gubernamental de crear una Ley de Amnistía para subsanar la injusticia que se ha cometido a miles de personas, principalmente contra mujeres, jóvenes e indígenas,
Al participar en el primero foro de parlamento abierto para el análisis y presentación de propuestas que organiza la Cámara de Diputados para mejorar dicha iniciativa, el funcionario de la ONU, dijo que en un país tan desigual se agudiza la vulnerabilidad de personas procesados por delitos como aborto, posesión de drogas, por no tener para pagar un defensor o simplemente por no hablar español como ocurre con indígenas y extranjeros que no cuentan con un intérprete.
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“Coincidamos con la exposición de motivos en cuanto a la vulnerabilidad de ciertos grupos de población frente al sistema de justicia como lo son las mujeres, los jóvenes y las personas indígenas, también coincidimos en su preocupación de la estancia en prisión de personas que han sido privadas de su libertad por su condición de marginación. Por todo lo anterior, la Oficina que represento en México considera que la expedición de una Ley de Amnistía es un paso positivo”.
Jacobo Dayán, especialista en defensa de los derechos humanos, afirmó que dicha legislación es una buena declaración de principios, pero “tiene muchísimos problemas; estas personas que fueron obligadas a sembrar drogas, que se pretende liberar, corren un altísimo riesgo de reincorporarse a sus comunidades para ser asesinadas. Si esta legislatura la apruebe en esos términos, será responsable de esos crímenes”.
“El sistema de justicia penal en México, a pesar de la mejora que ha tenido con el sistema acusatorio, ha generado un gran número de víctimas de violaciones a los derechos humanos, destacando al debido proceso”
Jan Jarab
Alto Comisionado de DH en México
Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación, aseguró que la Ley de Amnistía se enfoca a “una deuda de un Estado que abandona una visión punitiva en temas que definen su arreglo con la ciudadanía: aborto, consumo lúdico de mariguana, no criminalización de la protesta”.
María del Carmen Cendón, representante del Instituto Nacional de Ciencias Penales(Inacipe), opinó que la propuesta de ley es inoperante y absurda, ya que agrede al debido proceso; la víctima no tendrá más confianza ante las instituciones judiciales, y porque el propio sistema penal maneja los medios alternos.
Por separado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, informó que han recibido mil 221 solicitudes de personas privadas de la libertad, en los que se presume que hubo actos ilegales, procesos indebidos y prácticas injustas en su encarcelamiento. De ese total, 45 han sido liberadas por distintos instrumentos: desistimiento de la acción penal, reposición del proceso o sentencia absolutoria por falta de elementos.
“Evidentemente, el avance de fondo en este tema se obtendrá una vez que el Congreso de la Unión resuelva sobre la iniciativa que envió el Presidente para tender una amnistía a las personas que son luchadores sociales, defensores del territorio y recursos naturales, a población indígena, a personas en condición extrema de pobreza y marginalidad, o que han cometido delitos menores no gravosos”, refirió.
