El colectivo #NoMásDerroches informó que a pesar de que hoy se revocó la última de las suspensiones definitivas que había obtenido contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, los juicios de amparo continúan y se seguirán litigando.
Además, aseguró que subsisten “importantes restricciones legales” antes de que pueda iniciar la edificación del aeropuerto.
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Las restricciones
En un pronunciamiento enumeró las siete restricciones legales que impiden que inicie el proyecto del gobierno federal:
1. El artículo 10 de la Ley de Aeropuertos indica que solamente sociedades mercantiles con título de concesión respectivo pueden construir aeropuertos con operaciones civiles. La Sedena evidentemente no cumple con este requisito.
2. No se ha hecho un análisis costo-beneficio en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
3. No existe un proyecto ejecutivo del aeropuerto debidamente dictaminado y certificado.- Aún no se cuenta con un plan maestro en términos del contrato celebrado con la empresa francesa ADP Ingénierie.
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4. La empresa NAVBLUE SAS no ha entregado los estudios de aeronavegabilidad y orografía para los que fue contratada por el Gobierno Federal.
5. No se tiene información en torno al cumplimiento de las condiciones impuestas por la Semarnat en la autorización de impacto ambiental.
6. No se han dado a conocer los estudios de prospección arqueológica ni de impacto social.
7. Tampoco se ha realizado la consulta indígena a las comunidades y pueblos originarios de la zona, como éstos lo han venido reclamando una y otra vez.
Además, manifestó que a pesar de mañana habrá un evento inaugural en Santa Lucía, de iniciarse la construcción sin cumplir con todos los requisitos legales se estará incurriendo en irregularidades.
Las anomalías, sostuvo, "además de implicar un derroche injustificado de recursos públicos, podría poner en riesgo la vida e integridad tanto de quienes transiten por dicho aeropuerto como de las comunidades que viven en las zonas aledañas".
kl
