Frente a la andanada de críticas de legisladores, activistas y organismos autónomos que consideran que la reforma al artículo 28 de la Ley Estatal de Salud, que permite a médicos ejercer la objeción de conciencia, es discriminatoria y hasta inconstitucional, el Gobierno de Nuevo León anunció que vetará la norma.
Para sus dectractores, esta modificación legal abre la puerta para que trabajadores del sector nieguen el servicio a personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, trasvesti e intersexual (LGBTTTI+), migrantes, indígenas y portadores de VIH, entre otros.
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“El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Estatal de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la presentación de servicios que establece esta ley”, indica texto que se añadió al apartado IV, aprobado el pasado 15 de octubre por 35 votos a favor (del PAN, PRI, Morena, MC y PT) cinco en contra y una abstención.
Al presentar el dictamen propuesto por Juan Carlos Leal, de Encuentro Social, la petista María Guadalupe Rodríguez expuso: “La objeción de conciencia es el derecho consistente en la negativa a realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen los propios principios éticos o morales”.
El secretario de Gobierno del estado, Manuel González Flores, dijo:“Vamos a vetar esa iniciativa; por supuesto que nos oponemos a una discriminación marcada en la ley. Los médicos deben de atender a toda la ciudadanía sea esta cual fuese. No estamos de acuerdo con la discriminación. Nosotros garantizaremos que todo mundo tenga acceso a la salud”.
Al respecto, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) advirtió que esta reforma representa un impedimento para que las personas ejerzan plenamente su derecho a la salud establecido en la Constitución federal.
La objeción de conciencia, abundó, no debe conducir, de ninguna manera, a que el estado deje de prestar servicios médicos a la población, sobre todo si dicha figura pudiera estar motivada por alguno de los supuestos que señala la ley como discriminatorios.
La Conapred exhortó a las autoridades e instituciones públicas a que tengan presente el mandato del artículo primero de la Carta Magna, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.
En la Cámara alta, Martha Lucía Micher, senadora de Morena, calificó como inaceptable que en esa entidad prevalezca la homofobia: “Es un atentado contra el derecho a tener derechos, una homofobia ridícula y verdaderamente atrasada; es un gran retroceso en el avance al ejercicio de los derechos humanos”.
Su compañero, Miguel Ángel Navarro, lamentó los cambios: “En pleno siglo 21 no puede haber discriminación en materia de salud. Como médicos, nosotros vemos pacientes, no vemos preferencias sexuales, esas las respetamos”.
El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera, dijo que es inconcebible que con una argucia legislativa, se trastoquen los derechos ganados por sectores como el LGBTTTI, indígenas y migrantes. “Si trastoca un orden jurídico ganado por nuestro país, no puede verse como una sombra en Nuevo León”.
Samuel García, de Movimiento Ciudadano, reprochó al Congreso local por este retroceso: “Queremos que se retracten los diputados en la reforma que aprobaron, que pretende negar el servicio a personas con VIH, por raza o creencia; es una figura discriminatoria”.
Por separado, las diputadas federales de Morena Tatiana Clouthier, Reyna Celeste Ascencio y Sandra Paola González, pidieron eliminar el derecho de objeción de conciencia.
Celeste Ascencio, presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad en San Lázaro, pidió “respetuosamente al Congreso de Nuevo León que considere y valore esas cuestiones que puedan armonizar el derecho de objeción de conciencia con el respeto a la vida, salud y dignidad de las personas”.
El activista Mario Rodríguez, vicepresidente de Movimiento por la Igualdad en Nuevo León, explicó a La Razón, que con esta reforma “lo único que hicieron los diputados locales fue exponer su ignorancia y que pueden más los prejuicios religiosos que la ley”, además de que violan los artículos 1°, 2° y 4° de la Constitución.
“Todos los médicos y enfermeras son funcionarios públicos. Negar el servicio de salud sería un delito y por lo tanto estarían inhabilitados hasta por tres años al servicio público”, remarcó.
Mariaurora Mota, directora general de la Asociación Género, Ética y Salud Sexual de Nuevo León, alertó que la reforma es obra de los “grupos antiderechos”, entre los que agrupó a católicos y evangélicos.
“Cuando llegue a la SCJN —que seguramente va a llegar— lo van a declarar anticonstitucional, pero aquí lo que vemos es la mano de los grupos antiderechos; esto lo están tratando de hacer en todos los estados, a nivel federal ya lo lograron, ya está la Corte analizando este tema, pero lo van a tratar de hacer en todos los estados”, puntualizó.
El Dato: El lunes, el diputado de Morena Melchor Heredia propuso una reforma a la Constitución local para prohibir toda discriminación motivada por origen étnico, preferencia sexual…
Con información de Frida Sánchez y José Gerardo Mejía
