Por razones de Estado, desacuerdos y presiones de algunos sectores como la industria farmacéutica y de laboratorios, el Senado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una prórroga de 10 días para aprobar la nueva Ley General para la Regulación y Control de Cannabis.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal dijo que no hay problema con el plazo fijado por la Corte. “No es la única vez que se está en falta; no es lo deseable, pero es obvio que hay razones de Estado para poder aplazar una discusión tan importante para la vida pública del país”, subrayó.
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En entrevista, consideró que era necesario serenar los ánimos entre los actores involucrados, para revisar bien la ley, los estándares internacionales, además de no aceptar ningún tipo de presiones ni influencias indebidas.
Sin embargo, el líder de Morena en el Senado reconoció que hay presiones, principalmente por el tema de las concesiones para siembra, cultivo, comercialización y venta, de parte de la industria farmacéutica y de los laboratorios.
“La ley establece un mecanismo, pero aún está a revisión las concesiones para siembra, cultivo, comercialización y venta. Y también los intereses de la industria farmacéutica y los intereses de la industria de laboratorios y de todo tipo, para efectos recreativos, terapéuticos”, afirmó.
Los puntos que atoran la discusión en comisiones unidas son el porcentaje de las concesiones que se entregarán a campesinos indígenas que han sido vulnerados por el narcotráfico en su territorio, ya que se plantea 80 por ciento a ellos y 20 por ciento a empresarios, así como la cantidad que podrán portar los consumidores para uso personal, ya que se plantea aumentar de 5 a 28 gramos.
Así, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Mónica Fernández, envío una solicitud a la SCJN para pedir una prórroga en la discusión y aprobación de la ley que regula la mariguana.
Por separado, la senadora de Movimiento Ciudadano Patricia Mercado confirmó la petición para que la Corte dé más tiempo a los senadores en la discusión de la regulación de la mariguana, “que quedó en 10 días, pero la idea era pedir 30 días más”.
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Detalló que debe haber claridad en la nueva ley para regular la mariguana en temas como quién va a establecer que la semilla es legal o tendrá que ser importada; el registro de los consumidores, pues, dijo, invade su vida privada; además de que cuatro plantas anuales permitidas para su cosecha son insuficientes.
Admitió que el dictamen elaborado hasta ahora incurre en violaciones a tratados internacionales, como el caso de las personas adultas con discapacidad, ya que no se le reconoce capacidad jurídica a este sector de la población, “donde son las familias o sus cuidadores las que toman decisiones”.
En tanto, el senador morenista Martí Batres opinó que deben afinarse algunos puntos en el predictamen relacionados con el sector social de la economía, libertades individuales, la producción en el campo; mientras que otra parte, añadió, tiene que ver con el fracaso de la estrategia punitiva llevada a cabo por anteriores gobiernos en la lucha contra las adicciones.
“No debe apostarse todo a esta reforma, son muchas políticas las que tienen que implementarse en el combate a las adicciones, que es trabajo, educación superior para los jóvenes y temas de salud”, finalizó.
