El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, impulsará una iniciativa para que se elabore un registro nacional de los menores en orfandad, como resultado de feminicidios y/o homicidios dolosos y que éste sea incorporado a la Ley General de Víctimas.
En un comunicado, el también presidente de la Junta de Coordinación Política indicó que lo anterior es con el propósito de hacer valer el interés superior de la niñez como principio rector de la ley.
Explicó que la propuesta busca establecer el deber de la Comisión Ejecutiva y las comisiones de víctimas, de informar cada seis meses al Sistema Nacional de Atención a Víctimas sobre el avance de las solicitudes de ingreso al registro de los niños, niñas y adolescentes.
En la actualidad, no existe un registro oficial de niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad como resultado de los delitos mencionados, lo cual invisibiliza su vulnerabilidad y los deja en un estado de indefensión para acceder a los derechos que les corresponden como víctimas.
“El heredado estado de violencia que persiste en nuestro país nos obliga a reorientar las políticas públicas en favor de los niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad”, destacó.
Informó que de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en México hay 1.6 millones de personas menores de edad en condición de orfandad a causa del fallecimiento de los progenitores, la migración o el abatimiento por el crimen organizado.
En el caso particular de las víctimas de feminicidio, continuó Monreal Ávila, el flagelo ha tenido un incremento de 122 por ciento en todo el país, durante el periodo de 2015 a 2018.
Esto ha generado, a su vez, un aumento en el número de personas menores de edad huérfanas, convertidas en víctimas indirectas de la violencia, tanto por ese delito como por homicidios dolosos.
Por ello, afirmó que “es inaplazable que el Estado emprenda las acciones correspondientes para brindar la atención requerida a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta condición”.
Agregó que la intención es que los integrantes de esa población vean satisfechas sus necesidades básicas y su desarrollo personal, garantizando de manera efectiva la reparación integral del daño que establece la Ley General de Víctimas.
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