El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general por 308 votos a favor, diez abstenciones y 141 en contra, modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito para que la autoridad respete a plenitud los derechos procesales, con la garantía de audiencia de quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas, en el ejercicio de las funciones de combate a los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actos asociados.
En caso de que se apruebe en lo particular, se reformará la denominación del Título Quinto y se adiciona un Capítulo V al Título Quinto de dicha legislación.
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Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas Baca destacó que la minuta establece mecanismos legales que favorecerán la detección, prevención y bloqueo de las operaciones que llevan a cabo con recursos de procedencia ilícita, “ya que estas vulneran y pervierten el sistema financiero de nuestro país, con los delitos señalados”.
La diputada de Morena, Aleida Alavez, resaltó que con esta aprobación, el Estado mexicano contará con herramientas jurídicas necesarias para seguir la ruta del dinero y desmontar la corrupción e impunidad que permea desde hace décadas para este tipo de actividades ilícitas.
“De lo contrario, nos quedamos como hace 20 años a la fecha, solo decomisándole al Chapo una casa, una pistola, un reloj y unos cuantos dólares”, remarcó.
No, estas son las herramientas jurídicas y pacíficas, decía aquí una compañera, que debemos habilitar para el combate a la delincuencia organizada.
El diputado del PRD, Antonio Ortega, resaltó que la minuta faculta a la Secretaría de Hacienda “no sólo a bloquear, sino a promover la extinción de dominio de esos bienes, es decir a la apropiación de recursos de los ciudadanos por una presunción de una autoridad administrativa”.
“No lo duden, este artículo será declarado inconstitucional. El terrorismo en su máxima expresión, además con el grave riesgo de implantar una persecución política con el uso arbitrario de esta facultad conferida”, apuntó.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Carmen Julia Prudencio González, adelantó que votarían contra porque “en el proceso que se pretende implementar y el cual es en los hechos un contrasentido al origen de la propia Unidad de Inteligencia Financiera”.
“De inicio, porque esta fue creada como lo ha ratificado la Suprema Corte de Justicia bajo un modelo administrativo que responde de manera instrumental al combate contra el terrorismo al que México está obligado por diversos instrumentos internacionales y que ha ratificado”, apuntó.
La diputada del PAN, Martha Elisa González Estrada, aseguró que la minuta cambia la fisonomía de la Unidad de Inteligencia Financiera, para pasar de una entidad de inteligencia con perfil analítico y discreto, a una entidad protagónica y operativa.
“Esto arriesga de manera importante la eficacia de sus tareas esenciales. Esta es una razón fundamental para ameritar el curso de acción de esta incorporación a la Ley de Instituciones de Crédito”, abundó.
