“Las dificultades para acabar con la corrupción en nuestro país se han debido, sobre todo, a la simulación y complicidad en la que, por décadas, vivieron muchos políticos y servidores públicos, y a la ineficacia de las estrategias emprendidas en el pasado reciente para erradicarla”, afirmó la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
Al participar en el Congreso Nacional “La justicia administrativa en el nuevo proyecto de país”, organizado por la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, condenó la forma en que la corrupción afecta los derechos humanos en México.
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Al señalar que la corrupción es el segundo problema que los mexicanos perciben como más importante a nivel nacional, sólo después de la inseguridad y la delincuencia, y por encima del desempleo, evidenció cómo este fenómeno limita el ejercicio de derechos como servicios médicos, opciones educativas, viviendas dignas, alimentación suficiente, la seguridad social y el nivel de vida adecuado.
“La corrupción afecta a los derechos humanos por distintas razones: porque al solicitar sobornos se condicionan o encarecen servicios públicos; porque se inhibe la inversión que genera empleos e impulsa el crecimiento; porque realizando cobros (y pagos) ilegales se permiten acciones prohibidas, y dada la disminución de recursos públicos que tiene lugar cuando se desvían o malversan, en lugar de destinarse a políticas, programas y acciones en beneficio de la sociedad”, explicó la ministra Esquivel Mossa.
Mencionó que prácticas deshonestas y fraudulentas, como sobornos, desvío de recursos y tráfico de influencias, condicionan el ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia, principalmente, tratándose de personas en situación de pobreza.
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“De por sí batallan mucho para comprender y llevar cualquier juicio, ahora imagínense que además tienen que pagar sobornos y enfrentar abusos”, puntualizó.
La integrante del máximo tribunal del país exhortó a los participantes a construir una hoja de ruta y a emprender acciones para cumplir con la obligación de propiciar la plena efectividad de los derechos humanos de todas las personas, a partir de disminuir los elevados índices de corrupción que afectan a los mexicanos.
Para Yasmín Esquivel, la ética de los servidores públicos, entre ellos los juzgadores, así como el combate frontal a la impunidad, constituyen dos de las principales estrategias que deben seguirse para cumplir con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos, frente al flagelo de la corrupción.
jmg
