Con la finalidad de evitar críticas o cuestionamientos internos, la coordinación de la bancada de Morena envió una tarjeta informativa a sus 259 diputados para unificar el criterio de que el 15 de noviembre, fecha establecida en la Constitución para avalar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), “no es una prohibición para aprobarlo en forma posterior (sino) un plazo más noble”.
“El Constituyente recorrió esa fecha al 15 de noviembre porque la consideró un plazo más noble para que la Cámara examine a conciencia, discuta y apruebe los egresos sin la presión que ejercía el hecho de que entraran en vigor al día siguiente”, se lee en el texto enviado ese día por WhatsApp a los legisladores.
El documento, distribuido también entre las bancadas del PT, PES y PVEM, destaca que “la esencia en el proceso constitucional de presupuestación no es el plazo, sino la aprobación oportuna y prudente”, postura que contó con el aval de la Mesa Directiva.
“No podría entenderse que el constituyente permanente haya recorrido la fecha de aprobación para que ésta siga imponiendo el mismo riesgo e incertidumbre de que no haya Presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal”, indica el texto.
El dato: El PAN criticó que el gobierno busca acumular 402 mil mdp que invertirá en “programas sociales” para los que no existen reglas de operación ni padrones públicos de beneficiarios.
Esta unificación de criterio es similar a la exigencia de la coordinación de Morena, que obligó a sus diputados a dar su apoyo por escrito al proyecto del PEF del Ejecutivo Federal, y enviar la relación a éste, como informó La Razón el jueves pasado.
El 15 de noviembre, Mario Delgado, líder de la bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que entregó la lista al Presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con una carta en la que los diputados se comprometían a votar en favor del dictamen aún sin conocerlo. A pregunta expresa, consideró que ello no se trataba sumisión, sino de trabajo en equipo.
“Ante causas de fuerza mayor, como es la eventualidad de una protesta social que impone una imposibilidad material al legislador federal para darle cumplimiento, no puede constituir una restricción insalvable para el cumplimiento inmediatamente posterior de uno de los procedimientos esenciales sobre los que se cimenta la organización del Estado mexicano”, aseveró Delgado.
La tarjeta informativa resalta: “ante causas de fuerza mayor, como es la eventualidad de una protesta social que impone una imposibilidad material al legislador federal para darle cumplimiento, no puede convertirse en una restricción insalvable para la conclusión inmediatamente posterior de uno de los procedimientos esenciales sobre los que se cimenta la organización del Estado mexicano: la aprobación del presupuesto”.
El argumento de Morena, se apoya en un criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de 2005, que establece que la circunstancia de que la sesión de aprobación hubiera continuado después del 15 de noviembre, “no puede considerarse una prohibición al legislador para aprobar en forma posterior. Además, para dejar un lapso suficiente al Ejecutivo para la publicación del decreto con sus anexos y volúmenes ya ajustados y para que las legislaturas locales puedan aprobar los presupuestos estatales con plena certeza”.
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