El gobierno de Baja California, encabezado por Jaime Bonilla, interpuso una denuncia por abuso de autoridad, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, abuso de confianza, fraude y otros delitos contra el exgobernador de ese estado, Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid, y cinco exfuncionarios más.
El secretario General del Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, presentó la denuncia a nombre de Bonilla, ante la Fiscalía estatal e informó que el exmandatario recurrió, presuntamente, a por lo menos 40 empresas fantasmas a las que les facturaron, entre 2017 y 2018, mil 200 millones de pesos por asesorías.
Además de Vega de Lamadrid, entre los denunciados están el exsecretario de Planeación y finanzas, Antonio Valladolid Rodríguez; su sucesor, Bladimiro Hernández Díaz, así como la exoficial mayor, Loreto Quintero, junto con Enrique Remigio Salcido, director de Normatividad, y Rutilio Pérez Flores, director de Adquisiciones.
“La denuncia que hoy presentamos es a raíz de información con la que contamos de una presunta estafa maestra en la que hay la posibilidad de fraude por más de mil 200 millones de pesos que se pagaron al menos a 40 empresas fantasmas”, precisó Rodríguez Lozano.
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Agregó que en algunos casos las empresas no cuentan con el registro correspondiente en el padrón de proveedores del Estado de Baja California, e incluso la fecha de pago coincide con la fecha de constitución como empresa.
Domicilios inexistentes, falta de documentos, pagos por 800 mil pesos por concepto de asesoría son parte de las irregularidades que se encontraron, precisó el funcionario.
“Ante estos indicios de posible comisión de delitos en los que se pagaron servicios de asesoría en 2017 y 2018 es nuestro deber presentar la denuncia ante el Ministerio Público para que realice las investigaciones pertinente”, dijo.
Previamente, el Gobernador anunció que la carpeta de investigación se abriría en contra de “Kiko" Vega y de quien o quienes resulten responsables por "dilapidar" el erario.
Además, detalló que estiman una malversación de fondos por más de mil 200 millones de pesos y una serie de abusos en los que se detectaron facturas apócrifas expedidas en la pasada administración.
En la denuncia se hace alusión a los delitos de abuso de autoridad, peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, abuso de confianza, fraude y otras violaciones previstas en el código penal del estado de Baja California.
El gobierno estatal reportó que dará puntual seguimiento a su denuncia hasta las últimas consecuencias. “Caiga quien caiga, pues no hay vacas sagradas” señaló el mandatario estatal.
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